Beatriz Sánchez, la supuesta encargada de gestionar la administración y contabilidad de las sociedades dirigidas por el productor televisivo José Luis Moreno, declara este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por la 'Operación Titella', donde se investiga una presunta macroestafa que tiene al ventrílocuo como principal imputado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 tendrá la ocasión de escuchar a Sánchez, a quien los investigadores consideran como una suerte de 'mano derecha' de Moreno a la hora de gestionar las cuentas y de coordinar el resto de empleadas del productor, en especial con lo relativo a los pagos cobros y confección de facturas.

Pero, además, Beatriz Sánchez se habría encargado supuestamente de buscar inversores privados y de contactar con el supuesto testaferro Joseph Francis Fay puesto en España por el productor de nacionalidad argentina Alejandro Roemmers, que habría sido estafado presuntamente por Moreno.

Estaba previsto que este mismo viernes declarasen también Pascal Jean Jorgen, Óscar Ordoñez y Ramón Sánchez, aunque fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que dos de las citaciones han sido aplazadas. Todo ello después de que este miércoles compareciesen Cristina Muñoz, Rosa Santamaría y Natalia Fernández a los que siguieron este jueves Luis Enrique Dueñas y Óscar Tardio.

Aunque el juez citó a más de una decena de investigados, las declaraciones de José María Alvear, Ernesto Paniagua o la del sobrino de Moreno, Raúl Fernández, tendrán que celebrarse más adelante después de que fuesen suspendidas.

CONVERSACIONES SOBRE LA RED

En relación a Beatriz Sánchez, varios de los informes remitidos a la Audiencia Nacional revelan conversaciones en las que se refiere a cantidades elevadas de dinero que estarían relacionadas con la red. En una de ellas, realizada el pasado 16 de junio, Sánchez aseguró que Moreno le había pedido que consiguiera 2,2 millones de euros: 1,6 millones para Hacienda y 600.000 euros para una deuda que tenía pendiente.

Otra de las escuchas de los investigadores recoge una charla entre Sánchez y otra de las empleadas de Moreno, Rosa, en la que ambas se sinceran sobre la situación de las finanzas del productor. Así las cosas, Sánchez y Santamaría reconocieron que no "podrían aguantar" una auditoría porque se descubriría que en "todo el primer año no empezaron a grabar".

De la charla entre las dos trabajadoras también se desprende además que Moreno se habría "apropiado de por lo menos 16 millones de euros" de los 32 que Roemmers le entregó para grabar la serie que el ventrílocuo supuestamente realizaba con la sociedad Dreamlight International Productions S.L sobre la vida de Francisco de Asís.

En esa conversación, Beatriz le aseguró a Rosa que a Moreno "ya unos intentaron abrirle la cabeza" --en alusión al robo que sufrió en su mansión de Boadilla del Monte en 2007-- y que "otros intentarán meterlo en la cárcel". Rosa, por su parte, se mostró convencida de que el productor se iba a "fugar" porque él mismo "lo ha dicho", advirtiendo a su compañera que de hacerlo "se iría con mucho dinero".

MORENO, LA "TARJETA DE VISITA"

Moreno es uno de los principales imputados en la 'Operación Titella', cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la Fiscalía.

Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó 'in extremis' en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.

De acuerdo con el sumario del caso, al que tuvo acceso Europa Press, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

ESTAFA Y BLANQUEO

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.