La aerolínea Plus Ultra valora positivamente que la Fiscalía de Madrid haya pedido a la juez que investiga la conveniencia de su rescate público desbloquear el pago de los 34 millones de euros pendientes, al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a clientes y acreedores.

En una nota de prensa, la compañía muestra su satisfacción, y lamenta la falta de fundamento de las "falsas acusaciones y tergiversaciones" vertidas en los últimos meses sobre Plus Ultra, la cual ha sido "injustificadamente como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España".

El pasado 9 de marzo el Ejecutivo dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI, lo que suscitó las críticas de sus competidores y de los partidos de la oposición.

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid suspendió el pasado 22 de julio el rescate a la aerolínea, a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación del mismo por parte de la empresa.

Sin embargo, según el Ministerio Público "no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y, por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".

En su opinión, no hay peligro de incurrir en mora procesal, ya que la ayuda consistió en dos préstamos -uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19-, por lo que solo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución se podría producir un daño real.

Y añade que el cese de la actividad de la aerolínea, "generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2700 trabajadores", que tendría un impacto de "365 millones de euros en términos de facturación".

Argumentos con los que coincide Plus Ultra, que reitera su satisfacción tanto por este anuncio como por las recientes decisiones adoptadas por la Justicia y las autoridades, entre ellas el archivo de la denuncia de Ciudadanos por el Tribunal de Cuentas.

Todo ello, insiste la aerolínea, prueba la utilización "injustificada" de Plus Ultra "como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España en la que nada tiene que ver, con el resultado de daños muy graves e injustos a la reputación de la compañía y de algunos de sus miembros y/o accionistas".