El Gobierno ha aprobado este martes en consejo de ministros mediante un Decreto-Ley un paquete de medidas para aliviar la crisis del campo, y con las que esperan eliminar "la venta a pérdidas en toda la cadena".

En la rueda de prensa posterior al consejo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la importancia de un Decreto-Ley que surge tras las protestas de agricultores y ganaderos en las últimas semanas y con el que el Ejecutivo pretende dotar de mayor peso en la negociación a la parte más débil de la cadena.

Planas ha recordado que existen "desequilibrios" entre los agricultores y el resto de los eslabones de la cadena -industria, supermercados y consumidores- y viven una situación "más desfavorable", debido en parte a la "atomización" del sector primario".

"Si cada uno asumimos nuestra responsabilidad en el marco de la cadena, creo que es posible que los precios al consumidor no se incrementen y que al mismo tiempo exista una mejor retribución para agricultores y ganaderos", ha insistido.

El ministro ha citado ejemplos concretos, como la venta del litro de leche por debajo de los 60 céntimos -"imaginen las dificultades que tiene un ganadero para ser rentable con esa cifra"- o las promociones de algunos supermercados que entregan un litro de aceite de oliva virgen extra a cambio de comprar dos cajas de detergente, una práctica "que devalúa el producto y que no puede ser admitida".

Para atajar esta crisis en el campo, el Gobierno ha modificado la Ley de la Cadena Alimentaria para obligar a incluir en los contratos que firman los agricultores con los fabricantes y supermercados el coste de producción original, de forma que el precio nunca pueda ser inferior a ese importe.

Sólo habrá dos excepciones: los productos perecederos antes de que se estropeen (es práctica habitual reducir su precio para venderlo y evitar el desperdicio alimentario) y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que deberán ser asumidos por estas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el coste.

El cálculo de los costes precisamente vendrá determinado por "vendedores y compradores" en función de una serie de factores -el gasto en salarios, fertilizantes, semillas, energía, etc.- e índices estadísticos oficiales, según ha señalado Planas.

Además, a partir de ahora se prohíben las "promociones de carácter engañoso" de cara al consumidor y se califica como "falta grave y muy grave" que no haya contratos escritos a la hora de ejecutar una venta entre los eslabones del sector.

El paquete incluye otras novedades, como permitir el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad; la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y se amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que controle los alojamientos destinados a temporeros.

También recoge una bonificación dirigida a los empresarios agrícolas para incentivar la conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos.

El Gobierno no ha cuantificado el coste de estas medidas de tipo fiscal, aunque ha asegurado que tendrán poco impacto debido a que el número de beneficiarios será limitado en comparación con toda la población trabajadora en España.

"Ésta es nuestra respuesta a las peticiones de los agricultores y ganaderos. Hemos mantenido un diálogo que se ha concretado en 18 reuniones durante las últimas semanas con organizaciones agrarias, cooperativas, industria, distribución y consumidores", ha resaltado Planas.