Diez agrupaciones empresariales catalanas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el restablecimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de la electricidad.

Patronales como Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica, entre otras entidades, presentaron en noviembre una denuncia ante las instancias europeas por la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas desde 2014.

El desencadenante de la denuncia fue la reforma de la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas acordada entre el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y el Partido Nacionalista Vasco, para la aprobación de los presupuestos de Estado de 2017.

Este grupo de asociaciones empresariales, entre las cuales también figura Retail.cat, la Confederación Catalana de la Madera o el Instituto Industrial de Terrassa, han asegurado en un comunicado conjunto que "desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica".

Estas entidades, que representan a 50.000 empresas catalanas, consideran que la situación se "ha agravado con esta reforma, que comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinadas regiones de España".

Creen que se trata de una medida cuyos efectos son "selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda Estatal en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario".

Por su parte, la CNMC interpuso, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, que traspasa algunas de sus funciones al Ministerio, entre otras, la de aprobar tarifas, precios, peajes y cánones.

Según las patronales, esta competencia debería estar en manos de la CNMC para garantizar que no haya discriminaciones entre territorios en esta materia.