Patronal y sindicatos firman el próximo jueves, 5 de julio, el acuerdo salarial para los tres próximos años, que contempla un incremento anual del 2 %, más un 1 % variable, y sitúa el salario mínimo en convenio en los 1.000 euros mensuales.

Los presidentes de la CEOE y de Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, llevarán a cabo la firma institucional del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020.

Con esta firma, que tendrá lugar, previsiblemente, el jueves en la sede del Consejo Económico y Social (CES), los interlocutores sociales han puesto fin a nueve meses de negociaciones y tras haber cerrado 2017 sin haber logrado pactar la subida salarial de ese año.

Tanto la Junta Directiva de la patronal como el Consejo Confederal de CCOO han dado luz verde esta semana al principio de acuerdo salarial, que está únicamente a la espera de que el Comité Confederal de UGT, que se reúne el próximo martes, de luz verde al pacto con el beneplácito de sus bases a las que está consultando.

El IV AENC recomienda a las unidades de negociación implementar un incremento salarial de "entorno" a un 2 %, más un variable del 1 % ligada a la productividad, resultados o absentismo injustificado, así como establecer un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales "de manera progresiva".

Este incremento pactado supondrá que una subida media de los salarios pactados en convenio de entre el 12 y el 20 % entre 2018 y 2020, lo que afectará a más de 2.200.000 trabajadores, según los cálculos realizados por el secretario general de CCOO.

El principio de acuerdo sigue recogiendo la figura de la cláusula de revisión salarial, pero deja a los negociadores la elección de los indicadores a los que vincularla, y además recupera la ultraactividad de los convenios para que mantengan su vigencia mientras se negocia su renovación.

En el documento, los interlocutores sociales abren además la puerta a poder abordar determinadas cuestiones en las que esperan un consenso en el marco tripartito, junto con el Gobierno, para corregir así los que consideran los principales problemas del mercado laboral.

En este sentido destaca la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para poner coto a la subcontratación, que incentiva la competencia desleal entre empresas y deteriora las condiciones de empleo.

También, el desarrollo de medidas que propicien el mantenimiento de las plantillas con dificultades económicas, así como la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo a quienes lleguen a la edad ordinaria de jubilación siempre que tengan derecho a la pensión completa.

En materia de absentismo, hablan de la necesidad de crear un observatorio que en el plazo de seis meses emita un informe a partir del cual se puedan realizar "pruebas piloto" para tratar de mejorar el absentismo no deseado.

Asimismo, apuestan por desarrollar medidas integrales para favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres, entre ellas, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o de las reducciones de jornada.