El Pacto de Toledo plantea en el borrador de sus nuevas recomendaciones una reordenación de los gastos en la Seguridad Social para acabar con su déficit y sanear el sistema en un plazo de unos seis o siete años.

Así, según han informado a Europa Press diferentes fuentes de la comisión, el Pacto de Toledo prevé la necesidad de realizar una revisión de los gastos que actualmente asume la Seguridad Social que podrían no corresponderle y que afectarían a un desfase de las cuentas que en 2018 supuso números rojos por valor de casi 19.000 millones de euros.

Este es una de las posibilidades que se baraja en la comisión que preside la diputada 'popular' Celia Villalobos con la idea de que las cotizaciones sociales se utilicen principalmente para el pago de las pensiones, y no otros gastos que a partir de ahora debería asumir el Estado.

En todo caso, esta recomendación que aborda la separación de fuentes de financiación, también señala que el hecho de que las pensiones se financien con cargo a cotizaciones no exime al Estado de contribuir en los ingresos de la Seguridad Social.

LA RELACIÓN ENTRE EL DÉFICIT Y POSIBLES GASTOS IMPROPIOS

Según el borrador de esta recomendación, explican estas fuentes, se reconoce el papel de la Seguridad Social en la construcción del Estado del Bienestar y en la financiación de partidas o medidas que podrían no corresponderle, y se insta a examinar cuántos gastos no contributivos ha estado asumiendo.

De esta forma, podría comprobarse hasta qué punto un reparto inadecuado de gastos ha contribuido a cargar a la Seguridad Social de partidas que corresponderían a otras administraciones, o de políticas como los estímulos de creación de empleo, a través de la reducción de cotizaciones en la contratación. Todo ello a costa de agrandar año a año un desfase en las cuentas de la Seguridad Social.

La propuesta, defendida hace meses por el diputado de Esquerra Republicana en la comisión, Jordi Salvador, a la hora de debatir la recomendación de separación de fuentes, ponía el ejemplo de partidas de carácter asistencial, como los complementos a mínimos, asumidos por la Seguridad Social y no por los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de tratarse de políticas sociales.

CUESTIONAMIENTO DE LOS CRÉDITOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Esto también cuestionaría la política de créditos desde la Administración central a la Seguridad Social, ya que el Estado se habría estado financiado a costa de estos recursos, primero descargándose de gastos que habría tenido que asumir, para después recibir lo prestado con un recargo adicional de intereses.

En todo caso, el Pacto de Toledo no detalla qué gastos deben salir de las cuentas del sistema y deben ser financiados con cargo a Presupuestos Generales del Estado, sino que incide en el carácter contributivo del gasto en sí para que, en caso de ser así, le corresponda a la Seguridad Social.

Por ejemplo, gastos como el del personal de la Seguridad Social, sobre los que en principio existía un consenso para que pudieran ser financiados con cargo a Presupuestos, no aparece ahora mencionado en el borrador, aún no cerrado, por ciertas divisiones a la hora de concretar cómo podría afectar esta cuestión al régimen laboral de los trabajadores.