Nueva Canarias ha incluido entre sus 88 enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2018 una propuesta para que la bonificación de los billetes de avión y barco entre la península y Canarias sea del 75% "con vigencia indefinida".

La enmienda de NC también establece que "cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen" se fijen precios máximos de referencia.

Asimismo, se insta al Estado a que controle que las compañías aéreas no establezcan "pactos de colusión" para incrementar los precios, así como para que garanticen en las tarifas el principio de continuidad territorial y los costes de la doble insularidad.

En otra de sus enmiendas, Nueva Canarias pide que la compensación del 100% del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las islas y la península o con otros países de la UE se aplique a todos los transportes realizados desde el 1 de enero de 2016.

Nueva Canarias propone en otra enmienda que se incorpore el plátano con carácter indefinido al régimen de compensaciones al transporte de mercancías, con una consignación presupuestaria anual, que propone que sea de 15 millones de euros en 2018, y no de 5 como figura en el proyecto, dada la reducción significativa de aranceles que está afectando a esta fruta.

Otra de las propuestas es que se incremente la indemnización por residencia para los empleados públicos del Estado en las islas de Tenerife y Gran Canaria hasta igualarlo al de las otras cinco islas del archipiélago.

En los presupuestos, se destinarán 1,5 millones de euros para estudios sobre el potencial geotérmico de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, si sale adelante otra de las propuestas de Nueva Canarias.

Nueva Canarias propone además que se destinen 12 millones de euros para un programa de lucha contra la pobreza en Canarias y otros 12 millones para prestaciones básicas de servicios sociales

Nueva Canarias ha incluido otra enmienda para que en 2018 la revalorización de las pensiones públicas sea como mínimo igual al IPC, así como propuestas para aumentar en 80 millones de euros los fondos destinados a luchar contra la violencia de género.