La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que las comunidades autónomas ya suman 162.000 millones en recursos para 2021, la mayor cifra de su historia, tras sumar a lo ya previsto en los Presupuestos las ayudas directas a las empresas por 7.000 millones y los 10.793 millones de fondos europeos.

Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra ha destacado que el Estado ha blindado el Estado de bienestar protegiendo los recursos de las comunidades autónomas y ha asegurado que "España ha sido el país que mayor grado de protección ha ofrecido al subsector regional" dentro de los Estados con estructuras descentralizadas o federales.

Montero ha centrado su comparecencia en los recursos extraordinarios puestos a disposición de las administraciones territoriales frente a la pandemia, mientras que sobre la revisión de la senda fiscal se ha limitado a decir que antes del 30 de abril se actualizará el plan de estabilidad para Bruselas.

Dicha actualización incluirá una revisión del déficit y la deuda previstos para 2021 -actualmente fijados en el 7,7 y el 117,4 % del PIB, respectivamente- para adecuarlos a la reciente rebaja al 6,5 % del crecimiento pronosticado para este año.

RECURSOS PARA LAS AUTONOMÍAS

Montero ha recordado que las comunidades tienen presupuestados 113.729 millones procedentes del sistema de financiación, una cuantía 1.900 millones inferior a la de 2020, que será compensada con una transferencia por 13.486 millones "sin condiciones y a fondo perdido" para financiar parte del déficit público autonómico de este año.

A estas cifras ha sumado 7.000 millones previstos para ayudas directas a empresas y autónomos que el Gobierno de España transferirá a los de las comunidades en un plazo de diez días a partir de la firma de los convenios entre ambas partes.

Hasta el momento, los han suscrito Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Ha añadido también los 9.760 millones que recibirán los gobiernos autonómicos para financiar políticas de gasto destinadas al fomento del empleo, servicios sociales, educación o acceso a la vivienda.

A los recursos del Estado, la ministra ha sumado asimismo el dinero previsto para las autonomías procedente de fondos europeos: los 8.000 millones del fondo React-UE y los 10.793 millones (1.489 millones para entidades locales) que se financiarán con cargo al Mecanismo de Recuperación Europeo.

De esta última partida ya se han asignado 2.112 millones a través de las conferencias sectoriales, entre ellos 730 millones para la economía de cuidados o 576 millones para proyectos de saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La diputada del PP Carolina España ha criticado que la "nefasta gestión" del Gobierno "la pagaremos todos" y ha cargado contra una posible subida impositiva porque "no es el momento" y porque armonizar tributos cedidos como el de sucesiones cuestiona la autonomía financiera de las regiones.

El diputado de Vox Rodrigo Jiménez ha advertido también de que el déficit ha conducido a una deuda "insostenible" que en un momento en que los tipos de interés empiezan a subir aboca a España "a una intervención" de la Unión Europea.

Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, ha incidido en la falta de información ofrecida por la ministra hasta ahora sobre el comité de expertos para la reforma fiscal, mientras que Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha animado a la ministra a "afrontar con valentía la necesaria armonización fiscal".

A favor de suspender las reglas fiscales para 2022, 2023 y "hasta que sea necesario" se ha mostrado Joan Margall (ERC), como medida para dar un "balón de oxígeno" especialmente a los ayuntamientos, mientras que Ferran Bel (Pdecat) ha lamentado la "actuación asimétrica" hacia las administraciones territoriales durante la pandemia.

Idoia Sagastizabal (PNV) ha echado en falta una "cogestión" con las comunidades autónomas del plan de recuperación y Oskar Matute (EH Bildu) ha advertido que "no se están dando pasos firmes" frente a la desigualdad. EFE

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