La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que de lo que trata su plan fiscal, con el recién anunciado "impuesto de solidaridad" -que busca recaudar 1.500 millones de grandes fortunas- "es que no haya un efecto contagio en la eliminación del impuesto sobre el patrimonio" entre comunidades.

En una entrevista a El Periódico y El Periódico de España, Montero se muestra "totalmente" segura de que no existe riesgo alguno de que el nuevo impuesto sea declarado inconstitucional, y defiende que el Gobierno "no va contra nadie ni a favor de nadie", sino que la decisión es "simple y llanamente por justicia fiscal".

El pasado jueves, el Ejecutivo desveló su decisión de crear un "impuesto de solidaridad" para fortunas de más de 3 millones de euros, en vigor en 2023 y 2024, y que afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se siga pagando este tributo.

"Parece razonable pedir una mayor contribución a quienes tienen patrimonio por encima de los 3 millones", sostiene Montero, que aclara que "por regla general, en las comunidades donde el impuesto de patrimonio existe y está intacto, no va a haber ningún tipo de contribución añadida para sus contribuyentes".

Sobre la postura de la Comunidad de Madrid, que ha avanzado que si el Gobierno invade competencias autonómicas acudirá a los tribunales que sean necesarios, la ministra reta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para "que lo haga, que lo haga", convencida de que la medida, en ningún caso, sería declarada inconstitucional.