El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha afirmado que la Comunidad va a cumplir el Real Decreto de ahorro energético del Gobierno central en el marco de sus competencias mientras la norma esté en vigor una vez sea recurrida por Madrid y pese a las "repercusiones negativas" que cree que tendrá.

Así se lo ha explicado en una carta al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, quien este martes escribió a su vez a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, solicitando una reunión urgente para analizar el contenido del supuesto plan del Gobierno madrileño para contribuir al objetivo de ahorrar el 7 % de la energía que ha solicitado la Unión Europea.

A través de una carta a la que ha tenido acceso Efe, López emplaza a Lobato a verle personalmente en el ámbito parlamentario en el inicio del periodo de sesiones con la celebración del Debate de Orientación Política o en el marco de las reuniones que de manera ordinaria, periódica y habitual celebra la Presidenta.

En su texto, el consejero de Presidencia madrileño insiste que las medidas que ha adoptado el Gobierno de España para la reducción energética las tomaron con un elevado grado de improvisación y como parte de un plan no dialogados previamente, que derivó de una reunión improvisada con las CCAA, celebrada tras varias rectificaciones, todo deprisa y corriendo.

En este sentido, López añade que el plan de Sánchez responde a un conjunto de medidas poco meditadas, muchas de ellas con repercusiones negativas para los ciudadanos y para muchos empresarios, en un marco de excepcionalidad, inseguridad jurídica, mala calidad normativa, y lo que es peor, probable inconstitucionalidad, que nos disponemos a denunciar desde la Comunidad de Madrid.

Pese al rechazo de dichas medidas por el Gobierno regional, y de recurrirlas ante el Tribunal Constitucional, López ha aclarado que en la línea del cumplimiento normativo y defensa del Estado de Derecho van a cumplir, en el marco competencial de nuestras obligaciones y potestades, todo lo que le corresponda cumplir a la Comunidad, mientras la norma esté en vigor, a la espera de su convalidación o derogación por parte del Congreso de los Diputados, así como de su ratificación por parte de Tribunal Constitucional, una vez sea recurrida, como es nuestra intención.