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Los servicios de criptomonedas tendrán que colaborar para prevenir el fraude

Los proveedores de servicios de monedas virtuales -por ejemplo, de su cambio por moneda de curso legal o custodia de monederos electrónicos- serán considerados sujetos obligados a efectos fiscales, por lo que tendrán que colaborar para prevenir el fraude. ,Al ser sujetos obligados, estos operadores tendrán que cumplir con las medidas de prevención del fraude, estar registrados y supervisados por las autoridades, de acuerdo al real decreto-ley aprobado este martes por el Co

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:35

Los proveedores de servicios de monedas virtuales -por ejemplo, de su cambio por moneda de curso legal o custodia de monederos electrónicos- serán considerados sujetos obligados a efectos fiscales, por lo que tendrán que colaborar para prevenir el fraude.

Al ser sujetos obligados, estos operadores tendrán que cumplir con las medidas de prevención del fraude, estar registrados y supervisados por las autoridades, de acuerdo al real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, por el que se trasponen varias directivas comunitarias del ámbito económico.

Además, se crea un registro único de la titularidad real de sociedades que integrará la información disponible en el Registro Mercantil y las bases de datos notariales, al que se tendrán que incorporar los trust, con el objetivo de facilitar el intercambio de información con otros países de la Unión Europea.

También se amplía a cajas de seguridad y todas las cuentas de pago las obligaciones del Fichero de Titularidades Financieras, un sistema automatizado con información actualizada de los titulares de cuentas bancarias y otros activos.

COMPETENCIA Y SOLVENCIA

En materia de competencia, se establecen mecanismos para evitar duplicidades en los trabajos de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sus homólogos europeos, un incremento de determinadas sanciones y se amplían las facultades de inspección de las autoridades de competencia.

El real decreto-ley transpone también la quinta directiva de Requisitos de Capital, conocida por sus siglas en inglés como CRD-V, y que tiene como objetivo asegurar la solvencia de las entidades y establecer los incentivos para que no asuman riesgos excesivos.

Además, se incorpora al ordenamiento español la directiva sobre resolución de entidades, cuyo fin es asegurar una eficaz gestión de crisis cuando la insolvencia es inevitable, facilitando la absorción interna de pérdidas para evitar el rescate de un banco con fondos públicos, y proteger al máximo al contribuyente. EFE

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