La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2022, la ley más importante del año y cuya tramitación debería finalizar antes de diciembre para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Antes de entregar el proyecto de Ley a Batet, la ministra ha comparecido ante los medios gráficos en el Patio de Floridablanca, mostrando el tradicional "libro amarillo" -que contiene los ejes fundamentales de las cuentas públicas-.

Primero lo ha hecho sola y luego junto a las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda; de Hacienda, Inés Bardón, y de Función Pública, Lidia Sánchez, así como la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque.

Minutos después, a las 12,30 horas, se ha celebrado el acto de entrega formal y Batet ha recibido las cuentas del próximo año en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio en formato digital -en memoria USB y en una tableta- acompañada de algunos miembros de la Mesa de la Cámara y de la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido. La ministra y Batet han charlado en tono informal y aunque durante acto no ha habido declaraciones se ha podido escuchar a Montero la frase de que estos presupuestos "no serán los últimos".

La Mesa del Congreso se ha reunido después para admitir a trámite este proyecto de Ley, que la ministra de Hacienda con todo su equipo presenta ante los medios de comunicación en rueda de prensa, que se inicia a las 13,00 horas. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto presupuestario de 2022 el pasado 7 de octubre en sesión extraordinaria, unas cuentas con un techo de gasto e ingresos récord volcadas en afianzar la recuperación económica e implementar los proyectos asociados a los fondos europeos.

Las cuentas públicas además están centradas en los jóvenes y contemplan un bono cultural de 400 euros para quienes cumplan 18 años y un bono para alquiler de 250 euros para jóvenes de bajos ingresos. El Ejecutivo confía en contar con una amplia mayoría para poder aprobar los presupuestos antes de finales de año.

Los reglamentos parlamentarios prevén que la tramitación de las cuentas del Estado tenga preferencia sobre cualquier otra iniciativa, lo que convierte el debate presupuestario en el centro de la actividad del otoño parlamentario. El procedimiento legislativo es similar al ordinario, pero con notas propias ya que el Congreso pone límites a la presentación de enmiendas, fija una ronda de comparecencias de altos cargos de la administración del Estado, lleva a cabo el debate y aprobación por secciones y exige que sean aprobados por el Pleno y no en comisión.

Lo cierto es que las cuentas del Gobierno suponen un golpe fiscal para las empresas y los planes de pensiones. El Ejecutivo espera recaudar unos 400 millones de euros por el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas. Eso sí, dado el sistema de pagos fraccionados y liquidación, se espera que la aportación en caja sea de 50 millones en 2022 retrasando el resto a 2023. El impuesto de sociedades tiene un tipo nominal del 25 % -salvo para banca y petroleras, que es del 30 %- y con esta medida se pretende garantizar que las grandes empresas no tributan de manera efectiva por debajo del 15 %. Las Cuentas también incluyen un hachazo a las sociedades que se dedican al alquiler, que verán reducida su bonificación del 85% al 40%

Además, El Gobierno ha rebajado a 1.500 euros anuales el máximo de aportación que puede desgravarse en el IPRF por planes individuales de pensiones. En paralelo, se eleva hasta 8.500 euros la aportación deducible en el caso de los planes colectivos o de empresa, según ha detallado fuentes del Ministerio de Hacienda tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que se han aprobado las cuentas para 2022. El año pasado ya se bajo de 8.000 euros a 2.000 euros este tope de aportaciones deducible para los planes individuales en aras de fomentar más los colectivos.

En el marco de la ley de vivienda que ultima el Ejecutivo se reduce la bonificación de las sociedades de alquiler de vivienda, que pasa del 85% al 40%.

LAS PENSIONES, EL TROZO GRANDE DE LA TARTA DEL GASTO

El pago de las pensiones se llevará 37,3 euros de cada cien de los presupuestos consolidados para 2022, que incluyen los fondos europeos y los del programa REACT-EU, con una partida que se incrementa el 4,8 % con respecto al presupuesto base de 2021. De acuerdo con el proyecto, presentado hoy en el Congreso de los Diputados, el pago de los intereses de la deuda pública se queda con 6,6 euros de cada cien, tras reducirse un 4,7 % con respecto al del año pasado.

Dentro del gasto social, al que se destinarán 54,1 euros de cada cien, destaca -además de las pensiones- la partida que se destinará al desempleo, que recibirá el próximo año 4,9 euros de cada cien, con un recorte del 10,2 %; o el acceso a la vivienda, que recibirá 0,7 euros de cada cien, un 46,3 % más.

En éste ámbito, el proyecto destaca los fondos destinados al programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con una dotación de 500 millones de euros, así como 200 millones para Bono Alquiler Joven, con objeto de facilitar una ayuda fija para el alquiler a jóvenes de hasta 35 años. Además, otras prestaciones económicas se llevarán 4,6 euros de cada cien (con una partida que se eleva un 1,7 % con respecto a 2021); los servicios sociales, 1,3 euros (un 18,3 % más) y el fomento del empleo, 1,7 euros (un 3,3 % más). También dentro del gasto social, la administración de la Seguridad Social, 0,7 euros (con un importe que se eleva 33,5 %).

Como parte de los servicios públicos de carácter preferente, la sanidad recibirá 1,2 euros de cada cien (con una cuantía que aumenta un 11 %), a lo que se suman los 0,3 euros destinados a las vacunas para la covid-19 (con una cifra que se recorta el próximo año un 51,9 %).

La educación recibirá 1,1 euros de cada cien (un 2,6 % más) y la cultura, 0,3 euros (un 38,4 % más) con una cuantía que incluye la partida de 210 millones de euros destinada al Bono Cultural Joven, para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura y revitalizar la industria cultural. Asimismo destacan en el presupuesto cultural los créditos destinados al Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) por importe de 75 millones, y las dotaciones destinadas a la revalorización de la industria cultural y el fomento del sector del deporte.

Los considerados servicios públicos básicos, que incluyen la seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, la defensa, la justicia y la política exterior y de cooperación para el desarrollo, se quedarán con 5,3 euros de cada cien (al elevar el importe destinado un 7,8 %). Dentro de las actuaciones de carácter económico, la agricultura, pesca y alimentación recibirán 1,9 euros de cada cien (5,2 % más); la industria y energía, 2,5 euros (1,2 % más); el comercio, turismo y pyme, 0,6 euros (32,1 % más); y las subvenciones al transporte, 0,6 euros (un 3,9 % más). Las infraestructuras y ecosistemas resilientes percibirán 2,6 euros (un 3,2 % más); y la investigación, desarrollo, innovación y digitalización, 2,7 euros (un 7,6 % más) y la investigación, desarrollo e innovación militar, 0,2 euros (9,1 % más).

Según el proyecto de presupuestos, con el fin de que la comparativa sea homogénea, los datos no tienen en cuenta los recursos extraordinarios transferidos a las comunidades autónomas en 2021.