La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado hoy que los empleados públicos podrían percibir el incremento del 1,75 % de sus salarios en la nómina de agosto, después de que el Gobierno haya tramitado hoy la orden.

En rueda de prensa tras reunirse con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, la ministra ha asegurado que la actualización salarial dependerá de cada administración, que lo repercutirá previsiblemente en las nóminas de agosto, previsiblemente.

En cuanto al resto de los empleados públicos, dependerá del resto de administraciones, si bien, según los datos que maneja CCOO, algunas como Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Andalucía, Aragón, Galicia o La Rioja abonarán el incremento del 1,75 % en la nómina del mes de julio.

Respecto a los atrasos del citado incremento (un 1,5 % desde el 1 de enero de este año y un 0,25 % desde el 1 de julio), la ministra ha señalado que desconoce cuándo se abonará, ya que dependerá de cada gestor.

De esta forma, ha recordado Batet, el Ministerio "asume los incrementos salariales incluidos en el acuerdo" que firmó el anterior Gobierno con los sindicatos del sector público y ha adoptado las decisiones para que "se haga efectivo el pago lo antes posible y de manera automática".

El acuerdo prevé un incremento adicional del 0,20 % de la masa salarial, que, según la ministra, no se trata de una subida lineal, sino de un fondo que se distribuirá de acuerdo con los sindicatos entre distintos programas o colectivos, una vez sea aceptado por el Ministerio de Hacienda, previsiblemente "en otoño".

La ministra de Política Territorial y Función Pública ha anunciado también que el Consejo de Ministros del día 27 de julio aprobará una oferta pública de empleo, que no ha cuantificado, y que se acordará con los sindicatos en la mesa de la Administración General del Estado convocada la próxima semana.

Ha recordado que sólo las administraciones públicas que cumplan con el objetivo de déficit tendrán garantizada una oferta de empleo con una tasa de reposición del cien por cien, mientras que aquellas que no lo cumplan sólo podrán aplicar esa tasa en los servicios prioritarios y, el 75 %, en el resto.

Esta oferta de empleo incluirá el acuerdo de estabilización del personal interino, correspondiente a la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, "que el Gobierno anterior no había convocado".

La ministra se ha comprometido con los sindicatos a aprobar en los próximos seis meses las plazas del acuerdo de estabilización que contemplan los Presupuestos de 2018, de forma que las dos convocatorias (2017 y 2018) se realizarán juntas "para ahorrar problemas que podrían quedar abiertos si no se hiciera con simultaneidad".

El Consejo de Ministros del día 27 de julio también aprobará la recuperación del cien por cien del salario desde el primer día en los casos de incapacidad temporal, ha dicho la ministra, que ha anunciado también la creación de un grupo de trabajo para controlar el absentismo.

Batet también ha mostrado la intención del Gobierno de alcanzar acuerdos "durante el otoño" para el reparto de los fondos adicionales del 0,20 % de la masa salarial, acerca del permiso de paternidad de 20 semanas, la jornada de 35 horas semanales o para sacar adelante un real decreto de acoso en el trabajo.

A la reunión han asistido el coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, el presidente de CSIF, Miguel Borra, y el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda.

Fernández (CCOO) ha explicado que las administraciones públicas cuentan con 300.000 vacantes, de las que sólo 140.000 han sido cubiertas, y ha constatado tras la reunión con el Gobierno que "hay receptividad para hablar de todo en otoño".

Ha recordado que en España hay 3,1 millones de personas trabajando para las Administraciones Públicas, a las que "el periodo de austericidio del anterior Gobierno les recortó un 5 % su salario".

Desde CSIF, Borra ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una oferta pública de empleo extraordinaria de 4.000 plazas y 6.000 más de promoción interna, que desarrolle la bolsa de horas para la conciliación de los empleados.

Asimismo, ha pedido un macroconcurso para la Seguridad Social, que se revisen las condiciones de las 7.000 personas en el exterior y que comiencen las negociaciones para implantar el permiso de paternidad de 20 semanas a nivel nacional

Lacuerda (UGT) ha pedido a la ministra que revierta todas los cambios unilaterales "que nos afectaron a los empleados públicos desde 2012, incluida la jornada máxima laboral" de 35 horas.