La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha valorado la reforma de la ley concursal aprobada este jueves por el Congreso, que permitirá a las empresas con problemas de insolvencia pero viables continuar con su actividad, fortalecer el tejido empresarial y mantener el empleo.

En declaraciones a Efe tras la votación de la reforma, Llop ha agradecido el trabajo de los grupos parlamentarios por su respaldo a un proyecto que ha sido sometido a más de 600 enmiendas, y que ha contado además con las sugerencias de abogados, registradores de la propiedad, administradores concursales y sociedad civil.

Se trata, ha dicho Llop, de un texto "importante y complejo" que cambia el modelo concursal y de insolvencia, traspone la directiva de reestructuración e introduce reformas en la legislación concursal, todo ello con la intención de lograr procedimientos más ágiles "para lograr que las empresas que deban acudir a ello lo hagan más fácilmente".

La reforma de la ley concursal, ha recordado Llop, va acompañada de otro proyecto de ley que afecta a los juzgados de lo mercantil, en lo relativo a reclamaciones de tráfico aéreo y concursos de personas físicas.

La nueva ley concursal trata de dar una respuesta "más adecuada y homogénea" a los problemas de las empresas, y supone una reforma de carácter estructural dentro de los planes de reestructuración, recuperación y resiliencia, y sitúa a España "a la vanguardia de Europa".

Entre otras ventajas genera mayor seguridad jurídica, de modo que las empresas nacionales y extranjeras se podrán establecer teniendo la seguridad de que los procedimientos son ágiles y se resolverán en tiempo prudencial.

La clave de esta reforma, ha explicado la ministra, reside en las "fases preventivas", tanto la alerta temprana como el sistema de autodiagnóstico que debe poner en marcha el Ministerio de Industria; ambos permitirán actuar "en una fase temprana", y a las empresas acudir a ellos cuando se encuentren con dificultades financieras pero sin necesidad de llegar obligatoriamente a la liquidación.

De este modo, se protege tanto el tejido productivo como el empleo, ha insistido Llop, que ha querido destacar que el proceso garantiza la asistencia de letrados en el procedimiento para micropymes, algo que no estaba previsto inicialmente y que se ha introducido en el trámite de enmiendas.

Asimismo, se ha equilibrado el tamaño real de las empresas de menor tamaño, que siguen siendo aquellas de menos de 10 trabajadores pero con un volumen de negocio inferior a 700.000 euros y deuda por debajo de 350.000, frente a los 2 millones de euros que se contemplaba anteriormente para estos dos parámetros.

Otra de las novedades en las que ha incidido la ministra de Justicia es el relativo a la exoneración del pasivo insatisfecho, lo que se conocía como segunda oportunidad, que se ha establecido en 20.000 euros, con lo que se pretende que autónomos o personas físicas no tengan que liquidar o vender bienes cuando pasan por dificultades.

Una vez que entre en vigor, "con un procedimiento ágil y sencillo se pueden hacer un plan de pagos o llegar a un acuerdo con los acreedores, y si son viables puedan continuar con sus actividades".

Llop ha admitido que cabe esperar a partir de septiembre un aumento en las declaraciones de concursos, si bien es muy difícil calcular el número de empresas que acudirán a ellos; los expertos, ha indicado, no hablan de "avalanchas", y en conjunto el efecto de la moratoria concursal que concluye hoy -que ha sido un "placebo"-ha sido positivo.

La moratoria "no ha durado demasiado", era una necesidad dada la situación provocada primero por la pandemia de coronavirus y posteriormente por la guerra en Ucrania, como otras medidas adoptadas por el Gobierno. EFE

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