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Las recomendaciones del Pacto de Toledo se conocerán tras la moción de VOX

Las recomendaciones del Pacto de Toledo que piden revalorizar las pensiones según el IPC y las medidas para acercar la edad real de jubilación a la edad legal, se conocerán una vez haya pasado el debate de la moción de censura de VOX al presidente del Gobierno en el Congreso el próximo miércoles.,Según el orden de la semana que viene en el Congreso, los portavoces del Pacto de Toledo se reunirán nuevamente el viernes 23 para ultimar los detalles de unas recomendaciones que

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:46

Las recomendaciones del Pacto de Toledo que piden revalorizar las pensiones según el IPC y las medidas para acercar la edad real de jubilación a la edad legal, se conocerán una vez haya pasado el debate de la moción de censura de VOX al presidente del Gobierno en el Congreso el próximo miércoles.

Según el orden de la semana que viene en el Congreso, los portavoces del Pacto de Toledo se reunirán nuevamente el viernes 23 para ultimar los detalles de unas recomendaciones que prácticamente están cerradas y que han decidido dejar su votación para después del debate de la moción de censura presentada por VOX, el 21 y 22 de octubre.

Fuentes cercanas al Pacto de Toledo han señalado a EFE que la mayoría de las recomendaciones ya han sido revisadas y que la votación en bloque del texto será en un momento de menor tensión política, ya que la comisión que analiza las pensiones se caracteriza por buscar siempre el consenso.

La veintena de recomendaciones mantiene la esencia de las que casi se cerraron en 2019, aunque algunas han sido retocadas para garantizar mejor la suficiencia del sistema frente a la crisis económica que ha provocado la COVID-19.

Una de las novedades será la posibilidad de elegir los mejores 25 años de cotización para hacer el cálculo de la pensión, con el fin de mejorar las prestaciones de aquellos trabajadores que han pasado por períodos de bajos salarios.

El Pacto de Toledo también pide medidas para incentivar que la edad de jubilación real se acerque a la edad legal, así como para compatibilizar trabajo y pensión.

En este sentido, el Gobierno incluye en el plan presupuestario enviado a Bruselas la necesidad de utilizar incentivos para la demora en la jubilación, al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas.

Otras recomendaciones del Pacto de Toledo van dirigidas a las pensiones de viudedad, ya que insta a no discriminar a los colectivos de pensionistas que son pareja de hecho y no tienen vínculo patrimonial. "Suprimir toda discriminación injustificada", señala el Pacto de Toledo para tener derecho a esta prestación.

Los portavoces también han analizado reformar los coeficientes reductores que penalizan las carreras de jubilación de más de 40 años cuando se ha producido una prejubilación.

Asimismo están en línea con la intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de que los autónomos coticen por los ingresos reales y piden avanzar hacia un sistema que proteja a los trabajadores por cuenta propia de la misma manera que el régimen general protege a los trabajadores por cuenta ajena.

Todos los partidos ven con buenos ojos que el Estado asuma los gastos impropios del sistema de la Seguridad Social, como bonificaciones y prestaciones de ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

De hecho, así consta en el plan presupuestario enviado a Bruselas que afirma que la reforma de las pensiones debe ir dirigida a corto plazo a eliminar la incertidumbre y visibilizar la solvencia del sistema.

"Es preciso para ello atajar el déficit contable no económico- del sistema. Reducir la incertidumbre alrededor del sistema de pensiones tendrá efectos económicos positivos al permitir a los agentes adoptar decisiones más adecuadas y permitirá abordar el verdadero problema, común a todos los países desarrollados, que es el envejecimiento poblacional", señala el plan.

La recomendación cero, por otra parte, garantizará el compromiso de mantener, mejorar y adaptar el sistema público de Seguridad Social y de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y recomienda que se asegure que debe haber prestaciones suficientes y equidad en el reparto de las cargas.

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