La nueva Ley Hipotecaria prevé que las comisiones de amortización anticipada con hipotecas de tipo fijo bajen a la mitad y se sitúen en el 2 % durante los 10 primeros años y en el 1,5 % a partir de este período, frente al 4 % y al 3 % previsto actualmente.

La ponencia de la Ley de créditos inmobiliarios, que ha finalizado hoy sus trabajos, también incluirá una disposición adicional primera para limitar los efectos que pueda tener la nueva norma en los contratos hipotecarios actualmente suspendidos y que están a la espera de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo.

En este sentido hay un amplio consenso de las formaciones políticas, aunque Unidos Podemos critica que la nueva Ley contemple la cláusula de vencimiento anticipado que consideran abusiva y afirma que se debería devolver el dinero a los afectados.

El portavoz del PSOE en la ponencia, Gonzalo Palacín, ha señalado que "es cuestión de estilo" la redacción definitiva de la disposición adicional primera, que dejará clara la no retroactividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que con la nueva ley amplía el número de cuotas impagadas a entre 12 y 15 meses para poder ejecutar un embargo.

"Sólo es una cuestión de redacción, pero hay acuerdo en que no deben desbloquearse todos los procesos de ejecución que actualmente están pendientes en los tribunales españoles de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo", ha dicho el diputado socialista.

En cuanto a las comisiones de amortización por reembolso anticipado, la nueva Ley Hipotecaria fijará para los contratos a tipo de interés variable el 0,25 % en los tres primeros años y el 0,15 % en los cinco primeros años, aunque el cliente debe pactar con el banco un sólo tipo de amortización con este interés.

La nueva Ley también facilitará la subrogación a los hipotecados y establecerá un mecanismo de compensación entre bancos para evitar la competencia desleal entre entidades, ya que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) debe pagarlo el banco.

El cliente podrá subrogarse aunque su banco le iguale la oferta y el nuevo prestamista deberá pagar a la otra entidad los intereses que al primer banco le quedan por cobrar de los gastos fijos que ha tenido que abonar (AJD, las primeras copias del notario, los gastos del registro y de la gestorías).

Así, se establece un equilibrio proporcional entre las dos entidades a través de un cálculo proporcional entre los intereses cobrados y los pendientes de cobro.

Al respecto, el portavoz en la comisión, Rafael Mayoral, ha afirmado que la preocupación no es tanto el ajuste entre entidades sino la facilidad de poder cancelar o subrogar un préstamo en casos de hipotecas compartidas.

Mayoral también se ha mostrado sorprendido de la reciente propuesta de la comisión, que ha investigado la crisis financiera que pide establecer como norma general y obligatoria la garantía de responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados, un punto que ha sido rechazado en la Ley hipotecaria.

"Es un doble discurso, porque cuando hay que regularlo no lo hacen", ha criticado, tras incidir en que Unidos Podemos insistirá en la obligatoriedad de la dación en pago durante el debate de las enmiendas que no han entrado en la ponencia y que serán votadas la próxima semana en comisión.

Mayoral ha dicho que el texto sigue sin responder a las necesidades de la población y tampoco incluye un mecanismo de protección a las personas que no pueden pagar su hipoteca por causas ajenas a su voluntad.

La nueva ley, consecuencia de la transposición de una directiva europea, no entrará en vigor en 2018, ya que será debatida en el Pleno del Congreso a finales de diciembre, y no llegará al Senado hasta, previsiblemente, el primer Pleno de febrero de 2019.

El portavoz socialista ha señalado que esta ley ha sido muy dialogada y que es "mucho mejor que la que entró en ponencia", elaborada por el anterior Gobierno del PP.

El portavoz del PP en esta comisión Carlos Floriano ha señalado que la entrada en vigor será entre uno y tres meses a partir de su publicación en el BOE, dependiendo de algunas normas supeditadas a desarrollos reglamentarios.EFE