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POLÍTICAS EMPLEO

Junta y Gobierno negocian para evitar recurso contra recorte fondos empleo

La Junta de Andalucía y el Gobierno han abierto negociaciones este mes de septiembre para intentar resolver las discrepancias sobre el reparto de los fondos de políticas activas de empleo con el objetivo de evitar el recurso que inconstitucionalidad del Gobierno andaluz contra el decreto por el "recorte" de 200 millones en los recursos destinados a Andalucía. ,En comisión parlamentaria de Empleo, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha expli

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:32

La Junta de Andalucía y el Gobierno han abierto negociaciones este mes de septiembre para intentar resolver las discrepancias sobre el reparto de los fondos de políticas activas de empleo con el objetivo de evitar el recurso que inconstitucionalidad del Gobierno andaluz contra el decreto por el "recorte" de 200 millones en los recursos destinados a Andalucía.

En comisión parlamentaria de Empleo, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha explicado que la apertura de dicha negociación en el seno de una comisión bilateral conlleva la suspensión en un plazo de hasta nueve meses del plazo de interposición de dicho recurso de mientras se desarrollan las negociaciones.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó a finales de agosto interporner un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Ejecutivo central de utilizar fondos de formación para el empleo que le corresponderían a las comunidades para pagar prestaciones por desempleo y, en concreto, contra la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley de 31 de marzo de medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Esa disposición establece que, con carácter excepcional y extraordinario, "debido al impacto económico" de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en 2020 podrán destinarse a la financiación de las prestaciones de desempleo.

Esto ha provocado, según la consejera de empleo, un perjuicio económico a Andalucía, además de suponer una "deslealtad constitucional y la ruptura del principio de unidad de caja" porque los fondos provenientes de las cuotas que pagan los trabajadores para la formación tienen un destino finalista y no pueden dirigirse a fines distintos.

En este sentido, ha explicado que la Consejería ha asumido compromisos de pagos para políticas de formación para el empleo por noventa millones y el Gobierno solo le adjudica 11 millones. EFE

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