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CASO POPULAR

El juez rechaza dar "privilegio" de testificar por escrito a presidenta JUR

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, pueda testificar por escrito en la causa que investiga a los últimos equipos gestores del Banco Popular al entender que es "un privilegio procesal" no aplicable a su caso.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 18:38

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, pueda testificar por escrito en la causa que investiga a los últimos equipos gestores del Banco Popular al entender que es "un privilegio procesal" no aplicable a su caso.

En una providencia fechada este jueves a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 rechaza la petición del organismo, que también solicitó aplicar esta fórmula a la declaración de su exdirector de planificación del organismo, Dominique Laboureix, y alegó la inmunidad de estos altos cargos.

El magistrado defiende que no puede acceder a ello ya que "la declaración de un testigo por escrito es un privilegio procesal de configuración legal, el cual no alcanza a König ni a Laboureix".

Ambos fueron citados para finales de este mes; especialmente relevante se prevé la testifical de la presidenta de la JUR, organismo que acordó la resolución del Banco Popular.

Y es que Calama ve necesario que König aclare unas manifestaciones realizadas en televisión pocos días antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad.

LA JUR ALEGÓ INMUNIDAD DE KÖNIG

El juez responde así a la JUR, que el pasado 8 de julio le instó a tomar declaración por escrito a ambos en el caso de obtenerse la autorización prevista en el artículo 19 del Estatuto de Funcionarios.

En aquel escrito, el organismo comunicaba que aceptaba como válidas las citaciones "a pesar de que las notificaciones se deberían haberse realizado" conforme a otro procedimiento.

Aun así, "la JUR y su personal en general, y König y Laboureix en particular, cooperarán con el juzgado dentro del marco legal aplicable y de los límites establecidos por la cooperación leal y su deber de protección de la información de carácter confidencial".

A pesar de esta disponibilidad, recordaba que los dos funcionarios "gozan de inmunidad a la hora de declarar como testigos".

Sobre König, la JUR advertía de que el motivo de su testifical, sus palabras sobre el Popular en una entrevista, se refiere a declaraciones realizadas "en su condición de presidenta", con lo que son "manifestaciones orales respecto de las cuales goza de inmunidad de jurisdicción".

No obstante, "como muestra de la disposición de la JUR y de los testigos", el organismo europeo dejó abierta la puerta a que renuncien a esta inmunidad siempre que reciban la autorización necesaria.

PERMISOS INTERNOS PARA QUE PUEDAN DECLARAR

La JUR se remite, en su escrito, a la doctrina comunitaria, y anuncia que "en aras de aportar transparencia y cooperar sinceramente (...) ya se han iniciado los procedimientos internos dirigidos a obtener la autorización para declarar".

Vinculada a esta alegación, proponía además que tanto König como Laboureix declararan por escrito, entre otros motivos, porque se trata de hechos que ocurrieron "hace más de cuatro años y ante la naturaleza técnica del asunto, pueden tener que consultar expedientes para recordar toda la información".

Y en segundo lugar, porque ninguno de los dos "habla español", lo que obligaría a recurrir a "traducción simultánea, con el riesgo que entraña de que una parte importante de la información y de los detalles se pierdan".

Una vez rechazada esta opción, el magistrado requiere a la JUR para que antes de las 12:00 horas (hora española) del próximo 20 de julio comunique si ya ha resuelto la autorización o si se va a demorar, indicando en este caso "hasta cuándo".

El organismo aún puede recurrir la resolución ante el propio juez en el plazo de tres días.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

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