Un juez de Madrid ha aplazado un año el vencimiento de un préstamo suscrito por una compañía del acero afectada por el impacto económico del coronavirus, al entender que la pandemia es un hecho "no previsible" que ha alterado "de manera importante" su capacidad para cumplir con los plazos pactados.

En su auto, conocido este martes, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid admite las medidas cautelares solicitadas por Global Special Steel y otras sociedades del Grupo Celsa, y ve justificada la cláusula "rebus sic stantibus", que permite modificar un contrato ante un cambio sobrevenido y extraordinario como pudiera ser la emergencia sanitaria.

El magistrado subraya que el grupo planificó las amortizaciones del préstamo, suscrito con un sindicato de entidades en 2017 por un importe total de 900 millones de euros, conforme a un plan de viabilidad, teniendo en cuenta "las proyecciones de construcción de vivienda, licitaciones públicas y ventas de coches para determinar la demanda de consumo de acero" en los años siguientes.

Sin embargo, la situación provocada por la pandemia del COVID-19 "ha supuesto una caída brusca de la producción y de la demanda", traducido en un descenso "a plomo de sus ventas", especialmente a raíz de la paralización de las actividades no esenciales aprobado por el Gobierno para frenar la expansión del contagio.

Ello obligó al cierre completo de los dos sectores más importantes en los que operan la mayor parte de los clientes del Grupo Celsa, como son la industria de la construcción y del automóvil.

El magistrado remite al informe elaborado por la propia empresa, y recuerda que se ha visto abocada un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a 3.041 trabajadores en España, lo que representa el 89 % de su plantilla fija.

Asimismo, "la reducción de ventas y de margen han supuesto una pérdida de facturación de, al menos, 144 millones de euros, una disminución del resultado operativo del grupo de 174 millones -esto es, un 45 % menos que el previsto-, y una posición de tesorería a finales de abril de 60 millones en lugar de los 83 millones previstos".

A tenor de dicha información, el juez incide en que el plan de viabilidad propuesto por la empresa para hacer frente al contrato de préstamo contemplaba "un escenario dentro de los estándares habituales y no una situación de pandemia que está afectando, entre otros aspectos, a la economía global".

De este modo, destaca el carácter excepcional del contexto, como reflejan "las distintas normas que ha venido dictando el Gobierno al amparo del estado de alarma", y aunque no entra a valorar si se dan los criterios para aplicar la fuerza mayor, sí que "se dan todos los requisitos" para aplicar la regla del "rebus sic stantibus".

Por ello, estima las medidas planteadas por la compañía, a la que impone una caución de 750.000 euros, y suspende los vencimientos de principal e intereses previstos por el calendario hasta mayo y noviembre de 2021, prohibiendo a las entidades prestamistas resolver el contrato, exigir su reembolso, ya sea total o parcial, o ejecutar las garantías.

Para el socio director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, se trata de una decisión "histórica que marcará la pauta para tratar de buscar el reequilibrio entre las partes".

"Obviamente con la crisis del coronavirus, los ratios de solvencia se habían debilitado notablemente por lo que habría estado en riesgo de ejecución permanente", explica Navas, que confía en que "muchos más jueces sigan la cláusula 'rebus' para solventar los desequilibrios contractuales" derivados de la pandemia. EFE