El Ministerio de Industria ha insistido este viernes al Comité de empresa de La Naval en que la normativa europea impide la compra pública del astillero, pese a que los sindicatos consideran que es legal y viable que Estado y Gobierno Vasco puedan hacerse con la empresa.

Los representantes de las federaciones nacionales de UGT, CCOO-FICA, ELA y CAT y los miembros del extinguido comité de empresa de La Naval, en situación de concurso, se han reunido en el Congreso de los Diputados con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para abordar la liquidación de la empresa, que ha afectado a 173 trabajadores.

En la reunión se ha abordado la recolocación de 150 trabajadores que serán empleados por Navantia en las plantas de Ferrol, Cádiz, Cartagena y Madrid y fuentes del ministerio han señalado a EFE el compromiso de que la SEPI para "agilizar" la movilización de estas personas.

Las mismas fuentes han señalado tras la reunión a los medios que la Comisión de Seguimiento formada por miembros de la SEPI y los sindicatos avanza para que el proceso de incorporación sea "en los próximos meses".

Maroto se ha comprometido ante los sindicatos a seguir trabajando para mantener la actividad productiva de Sestao pero ha recordado que los informes jurídicos internos señalan que no es factible la compra de La Naval por parte del Estado y que la normativa europea lo impide.

Sin embargo, el secretario del comité de empresa, Juanjo Llordén, ha señalado al inicio del encuentro que es viable y legal que la SEPI y Navantia compren los activos de la draga que se está construyendo en Sestao para poder alquilarla posteriormente, y ha dicho que el plan daría empleo a 1.000 personas durante 20 meses.

Y que posteriormente La Naval podría ser comprada por la SEPI y Navantia, con el propósito de acometer un nuevo proyecto.