El gobierno catalán prevé aprobar el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2019 en el mes de diciembre, unas cuentas que incorporarán un aumento del techo de gasto por valor de unos 1.600 millones en comparación con las de 2017, actualmente en vigor.

En una entrevista concedida a Efe, el secretario general del departamento de Economía, Albert Castellanos, ha asegurado que el Govern estima que dispondrá en 2019 de 2.700 millones de euros en ingresos más que en los presupuestos de 2017.

Sin embargo, el estricto objetivo de déficit para 2019, fijado en el 0,1 % del PIB, y las limitaciones que impone la regla de gasto harán que la Generalitat sólo pueda disponer de 1.600 millones más.

Castellanos ha explicado que un porcentaje "muy amplio" de esos 1.600 millones están ya "comprometidos", puesto que servirán para atender el incremento de retribuciones del personal público, la ampliación del cuerpo de docentes, así como para aplicar la renta garantizada de ciudadanía.

No obstante, ha precisado que el Govern hará "ciertos gestos" presupuestarios en materia de Formación Profesional, con los funcionarios, con las tasas universitarias y con la educación de 0 a 3 años, como "volver a cofinanciar" esta etapa educativa.

Aunque no ha desvelado qué dotación presupuestaria habrá para estos fines, el número dos del departamento de Economía ha asegurado que en áreas como estas el Govern buscará evidenciar un compromiso "de legislatura", es decir, plurianual.

"¿Será posible una rebaja de las tasas universitarias en la medida que reivindican muchos sindicatos de estudiantes? Probablemente no, pero nos gustaría hacer algún gesto en este sentido", ha concluido Castellanos, que ha aclarado que serán "gestos más simbólicos que cuantiosos, para indicar que el Govern está en una etapa de recuperación, aunque con limitaciones".

"Será un presupuesto de legislatura, en el sentido de que se apuntará un horizonte de cuatro años, en parte porque todo lo que quiere hacer el Govern no se podrá mostrar con contundencia en 2019", ha remarcado.

En cuanto a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para 2019, Castellanos cuenta con que el Parlament los apruebe "durante el primer trimestre de 2019", con el fin de que la prórroga de las cuentas en vigor sea lo más corta posible.

Respecto a la negociación con los grupos para sacar adelante el presupuesto, ha comentado que "el margen presupuestario será estrecho", y ha dado por supuesto que el acuerdo "se tendrá que basar en gestos", algunos de los cuales serán "presupuestarios" y otros relacionados con cuestiones políticas.

Preguntado por si el Govern confía en el apoyo de grupos como la CUP o de los comunes, ha comentado: "No cerraremos ninguna puerta de partida ni a la CUP ni a los comunes, porque entendemos que hay espacios en los cuales nos podemos poner de acuerdo".

"A la CUP le hemos explicado la situación presupuestaria, que no da espacio para grandes incrementos y para políticas radicalmente diferentes, pero entiendo que hay elementos que van más allá de los estrictamente presupuestarios para dar apoyo a estos presupuestos", ha subrayado.

El número dos del departamento de Economía ha comentado que cuenta con aprobar el proyecto de ley de presupuestos "en diciembre" y que desearía que el debate de totalidad en el Parlamento se celebrara "antes de acabar el año".

Por otra parte, Castellanos ha precisado que la estructura del presupuesto de la Generalitat se está elaborando sin tener en cuenta el acuerdo alcanzado con Hacienda por el cual este ministerio se comprometía a saldar 1.459 millones de deuda pendiente con Cataluña en un plazo de cuatro años.

Ese acuerdo preveía que 700 millones correspondían a la deuda por la financiación de los Mossos y que, de éstos, 150 millones ya figurarían en los presupuestos generales del Estado para 2019.

En cuanto a los otros 759 millones, correspondían a la disposición adicional tercera del Estatut, y se acordó que unos 200 millones de éstos debían incluirse ya en las cuentas del Estado para 2019.

Castellanos ha precisado que no hay aún acuerdo con el Gobierno en "cómo concretar esos 200 millones", y que en el caso de los Mossos también se está definiendo a cuánto asciende exactamente la deuda y cómo se ajusta el modelo de financiación para incorporar el gasto real de la policía autonómica en los próximos años.