El Gobierno plantea que las empresas que quieran continuar con un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) asociado a la pandemia más allá del 30 de septiembre deberán formar a los trabajadores que tienen protegidos, según han explicado los agentes sociales.

Los ministerios de Trabajo y de Inclusión se han reunido en la tarde de este martes con los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme para avanzar en la prórroga de los ERTE, con la propuesta encima de la mesa de ampliar hasta el 31 de enero todos los tipos de ERTE.

Fuentes de UGT han explicado que la propuesta plantea vincular el mantenimiento de las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social a que la empresa acometa acciones formativas destinadas a las personas trabajadoras afectadas por los ERTE.

Desde la CEOE han explicado a Efe que este nuevo mecanismo "teóricamente pretende ayudar a las empresas pero, entre otras cosas, vincula las exoneraciones a una formación cuyo sistema se ha demostrado ineficaz".

Estas acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, dice el sindicato, quien reconoce que esta modificación ha generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación.

En esta ocasión, la prórroga no se producirá de manera automática sino que las empresas deberán presentar ante los servicios públicos de empleo una solicitud expresa antes del 10 de octubre.

Dicha solicitud, que deberá ir acompañada de la petición de la prestación por desempleo para los trabajadores afectados, deberá ser resuelta en un plazo de diez días y, en caso de no resolución, se entenderá desestimada.

Para UGT, este "silencio negativo" ha generado "mucha polémica" y "confusión".

Respecto al grado de exoneración, UGT ha explicado que la propuesta plantea una total (del 100 %) para los ERTE de impedimento, mientras que para los de limitación sería del 50 % para las empresas de menos de 50 trabajadores y para las de más, del 40 %.

De esta forma, el nuevo esquema planteado por el Gobierno acabaría con la discriminación que hay en la actualidad entre las exoneraciones de los trabajadores activados y los desactivados.

Asimismo, el Gobierno ha planteado también prorrogar todas las situaciones y actividades amparadas dentro de los ERTE para sectores ultraprotegidos, así como la protección para los fijos discontinuos.

Desde el Ministerio de Trabajo han explicado a Efe que dicha prórroga incluirá un mecanismo específico laboral para el archipiélago canario de protección frente a las consecuencias del volcán.

Gobierno y agentes sociales continuarán las negociaciones el próximo jueves 23 de septiembre, con el objetivo de poder aprobar la prórroga en el Consejo de Ministros de la semana que viene.

A 15 de septiembre quedaban 253.969 trabajadores en ERTE de los que unos 100.000 están en sectores ultraprotegidos (comercio, hostelería, turismo y transporte), unos 55.000 en un ERTE de impedimento o limitación (también hostelería y comercio) y algo menos de 100.0000 no tienen exoneraciones ni están concentrados en ningún sector en particular.