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PLATAFORMAS DIGITALES (Actualización)

El Gobierno plantea un plazo de tres meses para regularizar a los "riders"

El decreto ley que fijará la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales -los denominados "riders"- contempla un plazo de tres meses para regularizar la relación por cuenta ajena de estos trabajadores, un colectivo al que el Tribunal Supremo ha reconocido como "falsos autónomos". ,El último borrador presentado esta semana por Trabajo a los agentes sociales incluye una disposición transitoria

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 19 feb 2021

(Actualiza la información con referencia EC4677 con más datos)

El decreto ley que fijará la laboralidad de los repartidores de las plataformas digitales -los denominados "riders"- contempla un plazo de tres meses para regularizar la relación por cuenta ajena de estos trabajadores, un colectivo al que el Tribunal Supremo ha reconocido como "falsos autónomos".

El último borrador presentado esta semana por Trabajo a los agentes sociales incluye una disposición transitoria única que establece que las empresas afectadas por la norma deberán dar de alta a las personas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social "como máximo, en el día primero del tercer mes a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley".

Distintas fuentes del diálogo social han confirmado a Efe que esta fórmula es entendida como un plazo de tres meses.

Fuentes del ministerio se han limitado a decir que la norma todavía está debatiéndose y que aún no hay nada cerrado con los agentes sociales.

El texto, adelantado este miércoles por El Economista, añade que el plazo de tres meses se entenderá sin perjuicio de los procedimientos liquidatarios que correspondan por la duración íntegra de la relación laboral por cuenta ajena o derivados de las reclamaciones judiciales que afecten a los trabajadores.

El decreto ley tendrá un artículo único por el que se introducirá una nueva disposición adicional vigésimo tercera en el Estatuto de los Trabajadores sobre la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

"Se presume incluida en el ámbito de esta ley, salvo prueba en contra, la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a terceros, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma indirecta o implícita, a través de una plataforma digital, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo", reza el texto.

De esta forma, la norma solo afectará a empresas como Glovo o Deliveroo, que contratan como autónomos a repartidores a domicilio en bicicleta y que se han enfrentado a numerosas inspecciones de trabajo y denuncias en los juzgados por esta cuestión.

Está todavía por ver si finalmente se aprobará con acuerdo social, aunque el Gobierno ha manifestado su intención de seguir adelante con la regulación, al menos para trasladar al marco normativo la jurisprudencia sentada por el Supremo.

El texto queda lejos de las pretensiones sindicales, que querían que la ley alcanzara a todas las plataformas digitales y les obligara a desvelar el algoritmo por el que se fijan las condiciones de trabajo.

ACCESO A LOS ALGORITMOS DE LAS PLATAFORMAS

En un preámbulo a lo que sería el texto del decreto ley se dice que la norma abarca solo lo que es urgente, la laboralización de los "riders", pero añade que será necesario abordar una reforma del Estatuto de los Trabajadores para hacer partícipes a los trabajadores "de todo aquello que, vinculado a los algoritmos, está cambiando nuestra realidad laboral".

Estos cambios se dejan para un futuro anteproyecto de ley en el que se regularía la garantía de acceso de la representación de los trabajadores a la información algorítmica utilizada por la empresa "para la toma de las decisiones que puedan incidir directa o indirectamente en las condiciones de trabajo, el acceso o el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles".

Entretanto, el borrador del decreto ley incluye una disposición adicional única que establece que en el plazo de un mes desde la publicación de la norma se constituirá una comisión tripartita para el estudio de las plataformas digitales en el ámbito laboral, integrada por el Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT.

Esta comisión seguirá la evolución de la actuación de las plataformas digitales en el ámbito laboral, publicando un informe sobre la materia al menos una vez al año.

Asimismo, deberá analizar la realidad de las plataformas digitales en todos los sectores y aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, en particular en lo relativo a la definición de ajenidad y dependencia adaptada a estas nuevas formas de prestación de servicios. EFE

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