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ENCE CELULOSA

Gobierno llama a "cumplir" el fallo de Ence y apela al "diálogo constructivo"

El Gobierno defiende que la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la fábrica de Ence en Pontevedra "ha de cumplirse" y apela a entablar un "diálogo constructivo" entre todas las partes implicadas para buscar alternativas.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 19:26

El Gobierno defiende que la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la fábrica de Ence en Pontevedra "ha de cumplirse" y apela a entablar un "diálogo constructivo" entre todas las partes implicadas para buscar alternativas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han señalado a Efe que "en casos complejos como este" todos los actores deben actuar "con la mejor voluntad", especialmente, "aquellos que tienen en sus manos, dentro del ámbito de sus competencias, la capacidad de facilitar soluciones".

En el caso de la Xunta de Galicia, añaden estas mismas fuentes, como responsable de la gestión del territorio, "puede y debe ser capaz de proponer alternativas para un posible traslado de la actividad de la empresa" a otra localización.

Sin perjuicio de los posibles recursos que presente Ence, explica el Gobierno, la resolución de la Audiencia Nacional "deja claro" que la empresa no necesita seguir en dominio público marítimo terrestre para su funcionamiento normal.

Considera que esa ubicación es "completamente anómala" y contraria a la legislación vigente y, además, "no hay ninguna otra fábrica de celulosa" en España en esta misma situación.

Transición Ecológica añade que la Audiencia Nacional corrobora que una nueva prórroga "no tendría sentido", como tampoco lo tenía la que le concedió a Ence en enero de 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy y que ahora ha sido anulada.

El Gobierno insta en este momento a "analizar bien" todos los pormenores jurídicos y los "escenarios que se abren", y en el caso del Ministerio, insisten "en nuestra mejor vocación de diálogo" dentro de las competencias de la Administración General del Estado.

"Estamos todos obligados a acordar la mejor estrategia para ejecutar la sentencia con el objetivo de evitar los posibles daños que sobre los trabajadores pueda tener", concluyen.

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