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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gobierno lanzará una manifestación de interés para la digitalización de CCAA

El Gobierno prevé lanzar en breve entre las comunidades autónomas una manifestación de interés o consulta en el marco de la conferencia sectorial de las Administraciones Públicas (AAPP) para recabar sus propuestas de financiación para su digitalización.,Lo ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, durante la presentación junto con el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, de la parte del plan de recuperación dedicada a la modernización de

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 21:04

El Gobierno prevé lanzar en breve entre las comunidades autónomas una manifestación de interés o consulta en el marco de la conferencia sectorial de las Administraciones Públicas (AAPP) para recabar sus propuestas de financiación para su digitalización.

Lo ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, durante la presentación junto con el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, de la parte del plan de recuperación dedicada a la modernización de las administraciones.

El plan de digitalización de las Administraciones Públicas contará con una inversión de 2.600 millones de euros, de los que al menos 600 millones se destinarán a comunidades autónomas y corporaciones locales, con el objetivo es que los principales servicios a la ciudadanía sean plenamente accesibles a través de dispositivos móviles.

El plan prevé mejorar por ejemplo la eficiencia de la sanidad, con la mejora de la coordinación interna y la implantación de modelos predictivos antes de finales de 2023, o de la justicia, con la gestión de trámites a través de dispositivos móviles o la celebración de juicios telemáticos.

Iceta ha avanzado además la próxima aprobación del el Estatuto Básico del Municipio de Menor Población, para dar a los pequeños municipios más facilidades para ejercer sus funciones en el marco de la estrategia frente al reto demográfico.

Asimismo, su Ministerio se ha marcado como objetivo el cumplimiento del compromiso de situar la tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas por debajo del 8 %, impidiendo que una plaza con carácter estructural esté ocupada durante más de 3 años por una persona sin contrato fijo, entre otras medidas.

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