El Gobierno de España y la Junta de Castilla y León han coincidido este lunes en que es posible un acuerdo entre ambas administraciones que impida un recurso de inconstitucionalidad sobre el impuesto autonómico al almacenamiento temporal de residuos nucleares de la central de Garoña.

Tras la reunión de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma, tanto la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, han considerado que el hecho de que este asunto esté canalizado a través de la comisión de prevención de conflictos es una "buena señal", en palabras del representante autonómico.

El vicepresidente ha cuestionado la tesis del PSOE, que vaticinó que existiría un recurso de inconstitucionalidad, y ha considerado que la posición del Gobierno indica que no existe esa quiebra de la Constitución.

Al respecto, Batet ha destacado que hay abierto un procedimiento para buscar un acuerdo que sirva para impedir el recurso ante las dudas sobre la posible "doble imposición" en la que podría incurrir la norma aprobada por las Cortes de Castilla y León a finales de 2018.

Batet ha explicado que llevan abordándolo "muy poco tiempo", aunque ha confiado en la dinámica existente en este foro bilateral, donde "siempre" han alcanzado acuerdos interpretativos para evitar el recurso. "Vamos a esperar que en este caso también sea así", ha resumido.

En la misma comisión está también la ley de transporte de viajeros por carretera, al existir por parte de la Administración central dudas sobre la competencia que ejerce la Junta de Castilla y León en materia de precios, aunque también han confiado en alcanzar un acuerdo.

De hecho, Batet ha destacado que ente la Junta de Castilla y León y el Gobierno central la conflictividad constitucional es "muy baja" y en la legislatura actual no ha habido recursos.