La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta medida se adopta para expresar "con toda contundencia y claridad" que el impuesto lo paga la banca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer este cambio normativo pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.

Incluso antes de conocerse la "controvertida" sentencia del Supremo, que atribuía a los clientes la tasa, el Gobierno había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen, ha dicho.

Pero siempre "con todo respeto a la autoridad judicial", ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor mañana tras su publicación en el BOE.

A partir de ahora, ha explicado Celaá, será la banca la que se haga cargo de la tasa, con lo que el Ejecutivo muestra una vez más su responsabilidad y su rapidez en la actuación "al estar junto a los problemas de los ciudadanos y su resolución", en un tema que afecta a millones de personas.

Y es que la compra de vivienda es una cuestión en la que millones de personas "ponen la ilusión de su vida, es un proyecto vital", ante lo cual el Gobierno "ha mostrado su responsabilidad y rapidez en la respuesta actuando en 24 horas". 

La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas

El Gobierno ha aprobado una modificación de la normativa del impuesto de sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, que a partir de ahora tendrán que asumir.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este cambio normativo acompañará a la propia modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto.

Montero ha justificado la urgencia de estos cambios por la "confusión" generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tienen que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca.