El Gobierno ha elevado del 2,3 % al 2,7 % la previsión de crecimiento para la economía española en 2018, lo que el Ministerio de Economía achaca a la menor incertidumbre política existente tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Román Escolano, ha destacado que la revisión al alza en cuatro décimas también es consecuencia de la favorable evolución de la inversión y la mejora de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y, en particular, de la zona euro. En términos de empleo, el ejercicio se saldará con la creación de 475.000 puestos de trabajo, una reducción del paro de 339.000 personas y una tasa de desempleo al cierre del año del 15 %, frente al 15,5 % previsto en el anterior cuadro de octubre. En los años 2017 y 2018 se habrán creado alrededor de un millón de empleos y al cierre de este ejercicio se alcanzarán los 19,5 millones de ocupados.

Escolano ha destacado que la economía española va a seguir situándose en 2018 a la cabeza del crecimiento entre las principales economías europeas y cerrará el ejercicio acumulando seis años de superávit de la balanza por cuenta corriente y con una competitividad exterior a niveles previos a la crisis, gracias a la estabilidad de los precios. Son los elementos distintivos del crecimiento de la economía española, cuyo patrón de crecimiento ha cambiado, de manera que tanto la demanda interna como la exterior están contribuyendo positivamente a la economía y lo volverán a hacer en 2018 por tercer año consecutivo.

De acuerdo con las previsiones, este ejercicio la demanda nacional aportará 2,3 puntos porcentuales del crecimiento anual, frente a los 1,8 puntos de la anterior previsión, con un comportamiento más dinámico de la inversión en capital fijo y del consumo. Por su parte, la demanda externa aportará 0,4 puntos porcentuales, una décima menos de lo previsto en el anterior escenario. "Los dos reactores de la eco están funcionando a la vez", ha dicho el ministro, quien ha asegurado que eso hace que la expansión económica sea sostenible.

De la transformación del patrón de crecimiento ha destacado que desde 2008 la exportación han subido diez puntos, hasta suponer el 33 % del PIB. A ello ha sumado, el "importante desapalancamiento del sector privado", de casi 60 puntos porcentuales desde su máximo en 2010, una tendencia que va a continuar en 2018 y que ha considerado especialmente relevante en un contexto de crecimiento del nuevo crédito, sobre todo en operaciones de menos de un millón de euros, habitualmente para pymes. 

PRESUPUESTOS APROBADOS

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que incluye una mejora de las pensiones más bajas y las de viudedad y una mejora de la financiación autonómica, así como el real decreto de oferta de empleo público de 2018. Según ha informado hoy el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el Gobierno ha dado el "visto bueno" a las cuentas, que ahora iniciarán su tramitación en las Cortes.

Este presupuesto es "realista" porque se basa en el equilibrio financiero y permitirá cumplir el objetivo de déficit público pactado con Bruselas, del 2,2 % del PIB, al tiempo que la mejora de la actividad aumentará la recaudación fiscal y permitirá adoptar nuevas medidas. "El Gobierno tiene como objetivo que la recuperación llegue a todos los españoles", ha subrayado, mediante un "crecimiento integrador" que mejore los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones.

Méndez de Vigo ha destacado que con este proyecto el Gobierno cumple con su "deber" y da continuidad a su política económica, por lo que ha apelado a "todas las fuerzas políticas" a defender el "interés general" porque "aprobar los Presupuestos beneficia a todos y no perjudica a nadie". "La aprobación de los Presupuestos es una responsabilidad compartida", ha insistido, por lo que ha pedido alejar "oportunismos".

El proyecto presupuestario debía haberse aprobado en septiembre del pasado año, pero la crisis secesionista en Cataluña y la retirada del apoyo de Ciudadanos y PNV lo pospusieron hasta ahora, una fecha considerada límite por el Gobierno ya que de retrasarse más se solaparía con el debate del techo de gasto de 2019.