El Gobierno no contempla la nacionalización de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés (Asturias), cuyo cierre ha planteado la multinacional estadounidense del aluminio y un expediente de regulación de empleo (ERE) para los 686 empleados de los dos centros de trabajo.

Fuentes de la Secretaría General de Industria han indicado hoy a Efe que el Gobierno no contempla soluciones contrarias a la normativa comunitaria, como sería la nacionalización de las plantas.

Han añadido que el Ejecutivo tiene como objetivo principal garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, y que continúa trabajando y anima a las partes a llegar a un acuerdo en ese sentido.

La representación de los trabajadores de Alcoa en las dos fábricas han instado al grupo mercantil a valorar el impacto económico del cierre de las plantas y a provisionar dicha cuantía para ser entregada al Gobierno de España, cediéndole al mismo tiempo la titularidad.

Los sindicatos quieren que una vez traspasada la titularidad, junto con los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia y los respectivos comités de empresa, el Estado pueda buscar sin presión algún otro productor que se haga cargo de las instalaciones.

También desde el grupo parlamentario Unidos Podemos la diputada Yolanda Díaz ha dicho que "se puede hacer una intervención parcial con capital público o total" y que "en el caso de Alcoa no habría ningún problema".