El Gobierno llevará a cabo modificaciones regulatorias para aplicar las ayudas a la digitalización de las redes de distribución eléctricas y asignará un presupuesto disponible máximo a cada distribuidora para sufragar activos de digitalización de redes, para los que no se podrá recibir la retribución ordinaria con cargo al sistema eléctrico.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla inversiones en infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y almacenamiento por un importe total de 1.365 millones, de los que 525 millones (el 38,46 %) serán para digitalización de redes.

Entre las modificaciones regulatorias para aplicar esta medida, el Plan recoge la catalogación de los activos que pueden ser considerados "activos de digitalización de redes".

Asimismo, las empresas distribuidoras deberán presentar en sus planes de inversión anuales un anexo que detalle los activos susceptibles de ser catalogados como tales y los acompañará de una valoración económica.

A cada distribuidora se le asignará un presupuesto disponible máximo a cargo de esta medida para sufragar activos de digitalización de redes.

Las empresas deberán emitir un reporte especial tras la puesta en servicio de esas redes, junto con un informe que acredite la entrada en servicio de los proyectos.

El apoyo a la inversión se vehiculará a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de la retribución de las distribuidoras, que procederá al ajuste de las cantidades efectivamente adeudadas a las empresas una vez reciba el informe acreditativo de las empresas de que se ha ejecutado el proyecto.

La naturaleza de la inversión es en activos fijos e intangibles (infraestructuras tecnológicas y software), según recoge el Plan, en el que las inversiones en infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y almacenamiento suponen el 1,96 % del total.

Los 1.365 millones de inversión en infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y almacenamiento se distribuyen en 367 millones en 2021, 499 millones en 2022 y 499 millones en 2023.

De esos 1.365 millones, la mitad (el 50,11 %), 684 millones serían para el despliegue de almacenamiento energético; 525 millones (38,46 %) para digitalización de redes y 156 millones (11,43 %) para nuevos modelos de negocio en la transición energética.

El Plan señala que se prevé desarrollar en España un clúster del almacenamiento, impulsado desde la Administración mediante la cooperación de Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en un formato abierto a la participación de centros tecnológicos, de investigación y empresas privadas.

Además se considera la opción de realizar inversiones directas por parte del IDAE, que podrían consistir, incluso, en entradas directas en el capital social de empresas existentes, en el capital de uniones temporales de Empresas y sociedades de proyecto (SPV) o joint-ventures que se puedan crear con otros socios inversores para el desarrollo y ejecución de proyectos, así como la inversión en instrumentos financieros, como fondos de capital riesgo.

Para el despliegue del almacenamiento, el Plan contempla 684 millones, entre inversión directa, aportaciones de fondos públicos y mecanismos de ayudas no reembolsables.

En el caso de los nuevos modelos de negocio en la transición energética la inversión asciende a 156 millones de euros entre 2021 y 2023, prorrogable en función de la complejidad de la ejecución, y también contempla la posible entrada del IDAE en el capital social de empresas.

Las convocatorias para tener acceso a ayudas para nuevos modelos de negocio comenzarán en 2021 y se extenderán hasta 2023, aunque podrían prorrogarse. EFE