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Función Pública abordará en octubre las 16 semanas del permiso de paternidad

Madrid, 25 sep (EFE).- El Ministerio de Política Territorial y de Función Pública ha ofrecido equiparar el permiso de paternidad y maternidad en la Administración General del Estado en 16 semanas, como punto de partida para las negociaciones que, de manera inminente, comenzarán en octubre, ha informado hoy CSIF.,Tras mantener un contacto con el Ministerio para preparar la reunión de octubre, CSIF ha valorado esta propuesta, que tendrá un coste de 12 millones de euros anuales, y de la que aún se

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:24

El Ministerio de Política Territorial y de Función Pública ha ofrecido equiparar el permiso de paternidad y maternidad en la Administración General del Estado en 16 semanas, como punto de partida para las negociaciones que, de manera inminente, comenzarán en octubre, ha informado hoy CSIF.

Tras mantener un contacto con el Ministerio para preparar la reunión de octubre, CSIF ha valorado esta propuesta, que tendrá un coste de 12 millones de euros anuales, y de la que aún se desconoce cómo se llevará a la práctica ni en qué plazos.

Además de la equiparación de los permisos, CSIF reclama al Ministerio la necesidad de aplicar la jornada laboral de 35 horas, como ocurre en Andalucía y Extremadura, así como otras medidas de conciliación como la bolsa de horas recuperables o el desarrollo del teletrabajo.

Como punto de partida de las negociaciones, el sindicato exigirá al Gobierno que garantice la entrada en vigor de la subida salarial en enero, a través de un real decreto, ante la incertidumbre de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Además, ha reclamado "aplicar ya" los fondos adicionales comprometidos para avanzar hacia la equiparación salarial de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas y garantizar un salario mínimo de 1.200 euros.

En materia salarial, CSIF considera imprescindible la devolución de la estructura salarial previa al recorte que realizó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 sobre las nóminas de los empleados públicos (un 5 por ciento de media), lo que permitiría cobrar de nuevo las pagas extras de manera íntegra.

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