El profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València Andrés Boix ha defendido un cambio en la regulación de servicios de transporte con alternativas que está demandando la sociedad y que requieren de "un cambio de chip político total".

Boix es uno de los coordinadores del libro "La regulación del transporte colaborativo", publicado por un grupo de investigación de esta universidad y que analiza cuestiones como los problemas de la regulación del taxi, sus mejoras y flexibilización, el impacto de la aparición de nuevos actores como Uber y Cabify y el modelo de negocio de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

En declaraciones a EFE, el profesor ha afirmado que desde el punto de vista jurídico las soluciones al conflicto no serían difíciles de poner en marcha, si bien haría falta un cambio de mentalidad política que pasa por entender que el derecho y la regulación económica no han de proteger a gremios, sino buscar soluciones eficientes que mejoren la vida de todos.

Para Boix, hay que asumir que no tiene sentido que el taxi esté calificado como servicio público porque no funciona por las reglas de un servicio de estas características ya que la administración solo restringe los precios y la entrada en él.

Por ello, no hay motivos para limitar la entrada de nuevos actores salvo por razones de congestión y de uso del espacio urbano, que pueden justificar limitaciones al número de prestadores, y en estos casos, habría que repartirlas de modo coherente con un mercado liberalizado.

Si cada vez hay más prestadores, habría que aprovechar para incrementar las exigencias regulatorias, como las de tipo ambiental (exigiendo vehículos eléctricos) o de movilidad (adaptados), según Boix.

Las complicaciones vendrían en cómo garantizar la transición a la competencia a quienes tienen licencias y las compraron con expectativas de rentabilizarlas, para lo que propone normas de transición, medidas fiscales o semejantes.

Boix ha manifestado que estaría bien que alguna comunidad autónoma o ayuntamiento tomara la iniciativa y se arriesgara a promover un cambio regulatorio que, si bien podría tener un coste político, se convertiría en un ejemplo para el resto en cuanto se comprobaran los efectos de una política pública "bien diseñada" en este sector.

A juicio de Boix, los taxistas tienen "muy capturado" al regulador por su gran capacidad de movilización, pero a la vez se percibe en la sociedad la idea de que hay que cambiar las bases de la regulación del sector.