Varios exdirectores territoriales del Banco Popular que han declarado este martes como testigos en la causa que investiga la gestión de la extinta entidad han negado que hubiera instrucciones para financiar que los clientes del banco acudieran a la ampliación de capital

Una de las dos piezas separadas abiertas en la Audiencia Nacional investiga la ampliación de capital de 2.500 millones de euros ejecutada por el banco en 2016, y sobre ella se han centrado la mayor parte de las preguntas del juez instructor, José Luis Calama, de la Fiscalía y de las acusaciones, según han indicado a Efe fuentes jurídicas.

Los cinco exdirectivos que han declarado hoy -un sexto no ha comparecido por enfermedad- han coincidido en señalar que no hubo por parte de la dirección del banco, ni de forma explícita ni velada, instrucciones para que los clientes acudieran a la ampliación de capital mediante financiación obtenida del propio banco.

Así lo sostuvo, por el contrario, el expresidente de la entidad Emilio Saracho durante su comparecencia como investigado en octubre de 2019, cuando defendió ante el juez que el ex consejero delegado Francisco Gómez había dado instrucciones verbales en este sentido.

Los cinco directores territoriales -Miguel Ángel Franco (Norte); Manuel Quero (Centro); Alfonso Ruspira (Cataluña-Baleares); José Baonza (Levante), y Luis Marín (Andalucía), han reconocido que los empleados de la entidad sí tenían la posibilidad de recibir un anticipo de nómina para comprar acciones de la ampliación de capital.

Este anticipo, que en algunos casos llegó a los 35.000 euros, se podía solicitar a través de la intranet de la empresa, y tenía un plazo de amortización de 12 o 14 meses sin intereses.

Marín ha detallado que en mayo de 2016, en una reunión presencial de los directores territoriales y regionales con el exconsejero delegado Francisco Gómez, este les recomendó "cautela" en la contratación de esas acciones "porque los supervisores estaban muy encima".

De ahí que interpretara que no se intentaba fomentar la financiación a clientes para la adquisición de acciones.

No obstante, Baonza, actual responsable del sector hotelero del Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, ha señalado a preguntas del fiscal que "cree recordar que (entre septiembre y octubre de 2016) se investigó si algunos clientes utilizaron financiación para comprar acciones".

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

Las testificales prosiguen el próximo jueves 8, cuando está citada la presidenta del Santander, Ana Botín. EFE