El Estado prestará 15.164 millones de euros a la Seguridad Social para equilibrar su déficit en 2019 y garantizar el pago puntual de las pensiones, la misma cifra que prestó en 2018, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos.

El articulado de la Ley detalla que este préstamo, que no devengará intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de la fecha de su concesión, servirá para proporcionar una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar su equilibrio presupuestario.

Este préstamo será utilizado a lo largo del año para abonar las pagas extra de las pensiones, junto a un importe aún sin determinar que se extraerá del fondo de reserva de la Seguridad Social, en el que quedan unos 5.000 millones de euros.

No obstante, en el estado de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social figura como utilización de activos financieros afectos al fondo de reserva y otros fondos del sistema un importe de 3.693 millones.

El Gobierno aportará también a la Seguridad Social un volumen total de recursos no financieros por valor de 15.484 millones de euros (4 % más que en 2018), dentro de la que destacan los 7.337 millones destinados a la cobertura de complementos a mínimos.

Además, el Gobierno ha presupuestado por primera vez una transferencia a la Seguridad Social en apoyo a su sostenibilidad presupuestaria por importe de 850 millones de euros.

Los ingresos no financieros del sistema alcanzarán los 140.256 millones de euros (7 % más), que no cubrirán en su integridad los 158.906 millones de gastos no financieros presupuestados (7,1 % más), dejando un déficit al final del periodo por importe de 18.651 millones.

Las aportaciones del Estado son la segunda fuente de financiación de la Seguridad Social, por detrás de las cotizaciones sociales, con las que prevé ingresar 123.584 millones de euros, el 7,5 % más que lo presupuestado el año pasado, lo que permitirá financiar el 77,1 % del presupuesto (frente al 76,6 % de 2018).

Este incremento de las cotizaciones está influido por el alza del 22,3 % de las bases mínimas de cotización (al igual que el salario mínimo interprofesional) y del 7 % de las máximas, así como por los cambios en las cotizaciones de los autónomos, cuyo tipo pasa a ser del 30 %.

También impactan en el alza de los ingresos por cotizaciones de los desempleados, al ampliar el subsidio a los trabajadores de entre 25 y 55 años o por el recargo de la cotización empresarial del 36 al 40 % para los contratos de muy corta duración.

Por otro lado, el texto del anteproyecto destaca las políticas puestas en marcha de lucha contra el fraude.

Dentro de los gastos, la mayor parte se destina al pago de las pensiones contributivas, un total de 135.268 millones (6,4 % más), en el que destaca el alza con carácter general del 1,6 %, conforme al IPC.

El presupuesto para este año también incluye la subida del 3 % para las pensiones mínimas, así como un incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 60 %.

Asimismo, recoge las mejoras en la protección de los trabajadores autónomos y las mejoras en el acceso a la jubilación para determinados colectivos y el incremento en tres semanas de la duración de la prestación por paternidad hasta 8 semanas.