ERC ha presentado una enmienda al proyecto de ley de modificación de la Ley de Memoria histórica en la que propone crear una Comisión de la Verdad para que investigue "las violaciones de derechos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo".

La propuesta, recogida por Europa Press, pide que esta comisión sea un organismo autónomo, independiente y oficial adscrito al Ministerio de la Presidencia y que también tenga el objetivo de "garantizar los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición".

Por ello, establece que la Comisión de la Verdad tendrá las facultades de estudiar las violaciones de derechos humanos y recomendar si es necesario o no iniciar una investigación judicial, proteger y reconocer a las víctimas, y proponer cambios legislativos.

El grupo republicano ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley que serán registradas este martes, entre las que se encuentra una que pide anular todos los juicios políticos del franquismo y que ha presentado este lunes el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà.

Esta enmienda declara la "nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones" de los consejos de guerra dictadas por causas políticas por la dictadura franquista fuera de Catalunya, y recuerda que el Parlament aprobó el año pasado una ley que anulaba todos los juicios franquistas.

FOSAS COMUNES

Otra de las enmiendas presentadas por ERC señala que el Estado "procederá a localizar las fosas comunes de las personas desaparecidas violentamente en la guerra civil o en la represión política posterior", y que los restos humanos sean identificados y exhumados.

Los trabajos para esta localización tendrán que estar incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y serán competencia de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y estas administraciones tendrán que crear bancos de ADN de familiares y de los restos localizados con el objetivo de identificar los desaparecidos.

En otra de las enmiendas, ERC reclama reconocer el genocidio lingüístico contra las lenguas y culturas vasca, catalana, gallega, occitana, aragonesa y asturiana; que se reconozca a la Generalitat y el Parlament como víctimas de la dictadura, y restituir a estas instituciones todos los "honores, bienes y documentos" incautados por el franquismo.

Además, exige el reconocimiento como víctimas de los deportados a campos de concentración nazis y los niños robados por la dictadura, y que en un plazo de un año se revisen y retiren todas las placas, distinciones y "demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen franquista".