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Economía.- (AMP) AIReF insta a reducir los incentivos y a enfocarlos en colectivos "de baja empleabilidad"

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 13:42

Aboga por un sistema de cotización por ingresos reales de autónomos

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que los incentivos a la contratación se deben dirigir a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, articular un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias.

Así se desprende del 'spending review' incentivos a la contratación y al trabajo autónomo, que analiza los siete tipo de incentivos, cuyo importe supuso alrededor de 2.000 millones de euros en 2018.

En concreto, la AIReF analizó los incentivos en el periodo que va de 2012 a 2018 para menores de 30 años y mayores de 45 años, a mujeres con infrarrepresentación en determinados sectores, transformación de contratos temporales en indefinidos, la tarifa plana de trabajadores autónomos, las bonificaciones y reducciones al trabajo autónomo de carácter específico y los incentivos a personas con discapacidad.

La AIReF ha recordado que todos los incentivos a la contratación y emprendimiento son el programa más relevante de las políticas activas de empleo, ya que tienen un peso del 41% y supusieron 2.900 millones de los 6.500 millones de políticas activas de empleo de 2019. Según el tipo de empleo, el 32% del gasto evaluado se destinó a estímulos a las altas en el trabajo por cuenta propia.

La primera conclusión a la que llega la institución es que los incentivos a la contratación no pueden ser una herramienta con la que se pretendan acometer las reformas que necesita el mercado de trabajo. De hecho, hacerlo sería "un error", según ha apuntado su presidenta, Cristina Herrero, durante la presentación del estudio.

No obstante, la AIReF considera que unos incentivos a la contratación "si están bien diseñados" pueden ser "eficaces en ciertos momentos de recesión o crisis" para facilitar la obtención de empleo para colectivos que no tienen por qué tener una empleabilidad más baja, pero que se ven afectados por la situación. "Podrían ser eficaces en determinados planos temporales para ayudar a los colectivos más afectados", ha dicho su presidenta.

En concreto, del 'spending review' se desprende que sería "imprescindible" reducir el número de incentivos, pero que también es necesario su focalización, porque los haría más efectivos, y además vincularlos a programas de formación para aumentar la empleabilidad de los trabajadores.

Para dirigir los incentivos a colectivos específicos de baja empleabilidad, la AIReF considera que es necesario que se articule un marco estable basado en un conjunto sistemático de indicadores que permitan identificar los colectivos con menor probabilidad de encontrar un empleo y adaptar en consecuencia los incentivos a las necesidades de cada momento.

Por otro lado, ve necesario que se articule un menor número de incentivos y homogeneizar los requisitos sobre las empresas beneficiarias. De hecho, cree que un sistema más sencillo, con requisitos claros y de fácil verificación podría estimular su uso por parte de las empresas. También asegura que un sistema más focalizado permitiría incrementar las cuantías y hacerlas "más atractivas".

En este punto, aboga por que haya más coordinación entre todas las administraciones para que se enfoquen los esfuerzos en los colectivos con mayores necesidades de cada territorio y se simplifique la diversidad de incentivos, lo que mejorará su eficacia.

Según la AIReF, una reducción de los incentivos del 50% entre julio de 2012 y diciembre de 2014 solo supuso una caída del empleo del 0,2%.

También ha dejado claro que vincular los incentivos a programas de formación podría mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables. "Es preciso avanzar en la implementación de herramientas de perfilado y en el diseño de itinerarios que permitan mejorar la atención personalizada a los demandantes de empleo", añade.

PIDE IR HACIA UN SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES

En materia de autónomos, la AIReF cree que la tarifa plana mejora la supervivencia de los autónomos mientras está vigente, pero que al finalizar la supervivencia converge a la de los no beneficiaros. Por ello, recomienda ir hacia un sistema de cotizaciones que tenga en cuenta los ingresos reales.

No obstante, la institución es partidaria de que siga vigente la tarifa plana siempre que se refuerce la inspección de trabajo y de control, pero cree que en un futuro puede no ser "tan necesaria".

Asimismo, cree que se puede mejorar la supervivencia de los autónomos a través de asesoramiento o un plan de viabilidad, entre otras opciones. También ha estimado que en ausencia la ausencia de la tarifa plana supondría un ahorro de entre 34 y 41 millones de euros.

Por otro lado, el estudio señala que el efecto positivo del contrato de apoyo a emprendedores, que se derogó en 2018, no llegó a los colectivos más vulnerables, "que necesitarían otro tipo de incentivos, bien vinculados a la formación o bien con requisitos que resulten más atractivos para las empresas".

También apunta que los incentivos de conversión de contratos indefinidos en contratos de formación y aprendizaje cumplen con el objetivo de favorecer la inserción laboral de los jóvenes con baja formación. No obstante, cree que su efecto es pequeño y que el uso del contrato de formación por parte de las empresas es "reducido".

En este punto, insta a concentrar los esfuerzos en mejorar este tipo de contratos, sobre todo en su componente formativo, pero también en impulsar su uso por parte de las empresas. En concreto, considera que se debería mejorar la formación y eliminar el límite de edad. "Deberíamos ir en la línea de otros países que hacen que la formación te acompañe a lo largo de tu vida laboral, sin necesidad de que esté focalizada solo a los jóvenes", ha asegurado Herrero.

Asimismo, sobre los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, la AIReF señala que es necesario mejorar la disponibilidad de información sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad en el empleo ordinario y en el protegido, tanto a nivel agregado como el acceso a microdatos que mejoren la calidad de las evaluaciones.

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