La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a los partidos políticos a que dejen al margen la crispación y abran la vía del diálogo, tal como hace la patronal y los sindicatos para llegar a acuerdos como la regulación del teletrabajo o la extensión de los ERTE.

Durante la defensa del decreto ley sobre el trabajo a distancia en el sector privado que este jueves tiene previsto convalidar el Pleno del Congreso, Díaz ha apelado a dejar el ambiente de crispación política existente porque "en este momento histórico del país en el que tanto nos jugamos, el diálogo no es un camino, es el único camino".

"Porque este país, su ciudadanía, no se equivoquen, está necesitado de diálogo y abomina de la crispación. Sí, señorías: ¡sobra crispación y falta dialogo", ha reiterado tras advertir de que también empresarios, sindicatos y Gobierno tenían intereses contradictorios y posiciones diferentes cuando se sentaron a negociar la regulación del teletrabajo.

"Pero eso sí, supieron los agentes sociales, también el Gobierno, preservar por encima de todas las cosas una cuestión fundamental: el interés general frente al de la parte", ha afirmado.

En este sentido ha puesto como ejemplo el decreto ley que debate el Congreso junto con el del teletrabajo en las administraciones públicas y el de la extensión de los ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de enero de 2021 en los sectores más perjudicados, así como dos nuevos tipos de ERTE por rebrote.

Díaz ha argumentado que la crisis sanitaria ha acelerado la evolución del trabajo a distancia y ha recordado que durante la pandemia de coronavirus la incidencia del trabajo remoto ha pasado del 5 % al 34 %, por lo que ha señalado la urgencia de que se regulara para evitar riesgos y garantizar derechos.

La nueva norma de teletrabajo establece que es voluntario y reversible y que la empresa es la que debe dotar y mantener los medios necesarios para garantizar esta actividad, así como compensar los gastos relacionados con el trabajo o la atención en caso de dificultades técnicas.

Díaz ha recordado que el teletrabajo debe estar presente en los convenios colectivos y ha valorado que la negociación impregne la norma.

Además ha defendido que el trabajo a distancia sea afín a la economía verde, porque disminuye los desplazamientos y procura una mayor sostenibilidad y eficiencia en el consumo de energía, al tiempo que favorece la repoblación de las zonas rurales y promueve la cohesión territorial, permitiendo que el lugar de residencia no se vea exclusivamente determinado por el lugar donde se encuentra la sede de las empresas.

"Se trata de un incentivo importante en la mejora de la calidad de vida en el ámbito local, ya sea rural o urbano, y un avance en la línea del reto demográfico que afronta nuestro país", ha puntualizado.

Asimismo, ha indicado que el decreto ley limita los riesgos y establece excepciones en el caso de contratos con personas menores o en prácticas donde el porcentaje mínimo de presencialidad debe ser del 50 %.

Por otra parte, ha incidido en que el trabajo a distancia no es una forma de trabajo "especial" diseñada para conciliar y ha afirmado que esta regulación "busca desterrar definitivamente la imagen de mujeres u hombres tratando de cuidar a sus hijos mientras atienden la pantalla de su ordenador".

"Una persona trabajando a distancia tendrá el mismo derecho a la adaptación de su jornada que una persona que trabaja presencialmente", ha recalcado.

El decreto ley señala que la empresa debe firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30 % de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y que la falta de adaptación al teletrabajo no podrá usarse como causa de despido objetivo.