La demora del informe pericial encargado por la Audiencia Nacional para dilucidar posibles irregularidades en la gestión del Banco Popular, enquista un caso ávido de nuevas pruebas, entre ellas las declaraciones como investigados de sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.

Desde que a finales de 2017 el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, nombrase a los peritos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, ambos expertos han acumulado una cantidad de documentación tan ingente como difícil de manejar para las propias partes personadas en la causa, según han reconocido a Efe fuentes jurídicas.

Además de los planes de negocio, de los informes de gobierno corporativo y de detalles técnicos sobre aspectos como la cartera de inversión, en el procedimiento obran archivos relacionados con la resolución y posterior venta al Santander de la entidad, remitidos por las instituciones europeas, así como las valoraciones realizadas por otras entidades para analizar su compra.

La incorporación de nuevos papeles ha supuesto un obstáculo para la conclusión del peritaje, el cual ha recibido varias prórrogas y que, apuntan fuentes conocedoras del proceso, tendría que haberse presentado este mes.

A este hecho hace alusión el último informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se solicita una ampliación del plazo de instrucción, que expiraría el próximo 3 de abril, dada la "indudable complejidad y laboriosidad" del trabajo de los expertos, que "revisa la gestión de una de las principales entidades bancarias de España".

En junio de 2017, el FROB ejecutó, a instancias de Europa, la resolución del Popular, lo que supuso la amortización a cero del valor de la acción.

Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes Ron y Saracho, sus respectivos consejos de administración y la auditora PwC por presunta falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Se abrieron entonces dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e informaciones supuestamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Al margen de la práctica documental, los avances en la vía penal han sido, desde entonces, discretos, a excepción del relevo como persona jurídica investigada del Popular por el Santander tras completarse el proceso de fusión.

Mientras tanto, las demandas continúan su curso por unos juzgados de primera instancia que insisten en que la imagen ofrecida por el banco en aquel momento no reflejaba su situación real.

Criterio al que se han sumado en los últimos meses Audiencias Provinciales como la de Santander, que este febrero ha anulado una compra de acciones de la ampliación de 2016 al considerar que la entidad se "aquejaba" de un "gran problema de solvencia (...) que el folleto y la publicidad comercial omitieron".

En la sentencia, el tribunal considera probado que existió una "retirada de fondos ante las dudas publicadas con reiteración en los medios de comunicación", las cuales asegura que "eran ciertas".

No obstante, los jueces entienden que "la causa de la liquidación del banco fue por la falta de una solvencia ya preexistente derivada de una situación financiera realmente comprometida", si bien "una serie de acontecimientos provocaron de forma vertiginosa la insolvencia definitiva".

Pese al ritmo lento que siguen las dos piezas abiertas en la Audiencia Nacional, donde también se deben dilucidar los contenciosos contra el papel del FROB presentados ante la correspondiente sala, los accionistas confían en que el recorrido civil sirva para demostrar sus acusaciones. EFE

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