Aseguran que, además del 'road show' con inversores para la ampliación de capital, Santander también planificó la compra desde Nueva York

El grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle y los fondos Pimco y Anchorage consideran que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York cuenta con "total" legitimidad para ordenar a Banco Santander a que desvele documentación de Banco Popular y aseguran que ha cometido "un error" al considerar que carece de autoridad, tal y como declaró el juez Edgardo Ramos en su dictamen firmado el pasado 19 de octubre.

La Justicia determinó en un primer momento que solamente la filial Santander Investment Services (SIS), su bróker dealer estadounidense, debía revelar información de Popular en manos de Santander, pero denegó la petición de 'discovery' para las entidades Banco Santander SA, Santander Holding USA y Santander Bank NA.

La decisión de negar el 'Discovery' a tres de las cuatro sociedades se sustentó en que solo SIS tenía su domicilio en Nueva York, por lo que el juez Ramos consideró que el tribunal no tenía jurisdicción sobre el resto.

Esta decisión ha sido recurrida por ambos grupos de forma individual, mientras que acaban de presentar ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos un documento que resume todos los argumentos de forma conjunta, firmado por todos los representantes tanto del MIG como de los bonistas, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el escrito, los afectados por la resolución y posterior venta de Banco Popular en junio de 2017 al simbólico precio de un euro, explican que la Justicia estadounidense cuenta "innegablemente" con autoridad en este proceso legal debido a que Santander lleva "décadas" operando en el distrito mediante sucursales --abrió su primero oficina en Manhattan en 1977--, cuenta con más de 25.200 millones de dólares en depósitos --noveno grupo financiero más grande en este apartado-- o cotiza en la Bolsa de Nueva York.

De hecho, aseguran que el Tribunal "abordó solo en términos superficiales" la solicitud de los demandantes, añadiendo que, mediante este proceso, lo único que quieren es obtener documentos de Popular, sin imponer ninguna responsabilidad a Santander.

No obstante, en vistas de no recibir autorización para llevar a cabo el 'discovery', los demandantes precisan que existen pruebas incluso de más "alto nivel" en relación a la actividad de Santander en Nueva York que justifican la solicitud presentada en este distrito para pedir al banco presidido por Ana Botín información de la entidad resuelta.

En este sentido, afirman que Santander inició conversaciones en Nueva York para la adquisición de Popular, tanto antes de la resolución como después de la decisión de compra, como con la contratación de un equipo de asesores financieros y legales. También subrayan que "existen razones suficientes" para pensar que el consejero delegado, José Antonio Álvarez, estuvo involucrado directamente en estas primeras tomas de contacto.

El propio Tribunal reconoció en un primer momento algunos de los contactos previos a la resolución: "Santander supuestamente retuvo a bancos de inversión en Nueva York, antes de la venta de Popular, para explorar opciones de financiación para una adquisición". No obstante, retiró posteriormente este argumento y determinó que cualquier conversación tuvo lugar después de que la resolución fuera adoptada.

SEMANA EN NUEVA YORK

El MIG y los fondos Pimco y Anchorage sostienen que, durante la semana del 1 de junio de 2017, el 'número dos' de Santander se encontraba en Nueva York para la celebración del 30 aniversario del debut bursátil de la entidad en la Bolsa neoyorquina --pese a que la fecha real de su salida al parqué era más de dos meses después--.

"Existen razones para pensar que, mientras Álvarez estaba en Nueva York, habló sobre sus planes para adquirir Popular y emprendió una búsqueda de apoyo planificada para llevar a cabo esta operación", subrayan los demandantes en el documento conjunto de apelación.

Durante estas fechas, el exministro de Economía, Luis de Guindos --actual vicepresidente del Banco Central Europeo BCE-- se encontraba en la reunión anual del grupo Bilderberg celebrada en Virginia, a la que también acudió Ana Botín. Tras su regreso a España, el Banco de España negó proporcionar cualquier otra asistencia de liquidez a Popular y, el 4 de junio, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) invitó a cinco bancos a presentar sus ofertas, aunque debían hacerlo más tardar en la medianoche de ese mismo día.

Dado el escaso tiempo concedido, Santander fue la única entidad capaz de posicionarse. Según explican los demandantes, BBVA envió un escrito de queja al FROB alegando que no podía presentar una oferta en tan poco tiempo y expresaba su interés por hacerse con Popular en caso de que se extendiera el plazo y se proporcionara información adicional. La autoridad de resolución nacional rechazó la solicitud del 'banco azul'.

DOS OFERTAS MUY DISTINTAS

Asimismo, Santander habría redactado hasta dos ofertas diferentes, una de hasta 3.000 millones de euros y otra de 1 euro. Tras enterarse de que era el único postor, retiró la primera y presentó la segunda, la cual fue inmediatamente aceptada por el FROB y recomendada a la Junta Única de Resolución (JUR) como la mejor opción.

Para llevar a cabo esta operación, que fnalmente recibió 'luz verde' por parte de las autoridades supervisoras y reguladoras, la entidad cántabra llevó a cabo una ampliación de capital de 7.000 millones de euros, que incluía una oferta de valores en Nueva York. "Santander realizó una intensa campaña publicitaria en el distrito para recaudar capital y respaldar la adquisición, incluyendo las reuniones 'road show' con analistas, inversores y abogados", aseveran.