El Defensor del Pueblo cree que mantener el IVA de tipo general del 21 % en la factura de la luz no permite que los ciudadanos acogidos al bono social puedan disponer de un suministro eléctrico en unas condiciones económicas asumibles.

En su informe anual presentado este jueves, la institución hace referencia a esta "cuestión capital" en España, ya que es uno de los países donde se destina una mayor proporción de ingresos a pagar el recibo de la luz, pese a contar con un parque de generación eléctrico en el que las renovables (más baratas) cuentan con más presencia.

Además, critica que los ciudadanos no puedan modular la potencia eléctrica contratada a sus necesidades en cada momento del año, y que esta cuestión solo se ha flexibilizado de manera temporal durante el estado de alarma para empresas y autónomos.

El Defensor del Pueblo también asegura haber notado "una notable disfunción" en el procedimiento para solicitar el bono social que afecta a las personas que no necesitan presentar declaración de IRPF por sus bajos recursos.

En este sentido, cuando la comercializadora comprueba los datos de renta de los solicitantes, la plataforma establecida para su consulta no refleja ningún resultado, lo que provoca que la compañía deniegue el acceso al bono social por "imposibilidad de comprobar los niveles de renta".

Así, la institución entiende que a pesar de que la comercializadora no pueda ver los niveles de renta, no debe denegar el bono social a quienes justifiquen por otros medios la escasez de recursos.

Tras pedir aclaraciones a la Secretaría de Estado de Energía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se concluyó que había una duda interpretativa "razonable" sobre las obligaciones de la compañía y propuso clarificar la normativa sobre los modos de comprobación de los requisitos de acceso al bono social.

En cuanto a los cortes del suministro eléctrico, a pesar de la aprobación de un Decreto Ley que prohibía el corte de los suministros básicos durante la pandemia, el Defensor del Pueblo denuncia que varias direcciones generales de energía de las comunidades autónomas llevaron a cabo estas acciones.