El Defensor del Pueblo afea las trabas que algunos bancos estarían poniendo a distintos extranjeros a la hora de abrir una cuenta bancaria, incluso cuando se trata de personas vulnerables, con el argumento de que no tienen la Tarjeta de Identificación de Extranjero.

La institución, según recoge en su Informe de 2020, consideraba que sería suficiente para abrir la cuenta con el NIE, el Número de Identidad de Extranjero, o el pasaporte, sin embargo el Banco de España le aclaró que las entidades pueden entablar relaciones comerciales según las exigencias legales y sus propias normas.

La excepción se da cuando se trata de una cuenta de pago básica, cuya apertura es obligatoria para cualquier residente legal en la Unión Europea, solicitante de asilo y personas sin permiso de residencia pero cuya expulsión sea imposible.

El organismo supervisor considera que lo relevante no es la aportación de documentación en concreto, sino que se acredite que se está en una de las situaciones que hace obligatoria la apertura de la cuenta de pago básica, según recoge el Defensor del Pueblo.

Además, el Banco de España recuerda que para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las entidades tienen que identificar a las personas con las que pretendan entablar relaciones de negocio.

Por las quejas recibidas, el Defensor del Pueblo llega a la conclusión de que, en la situación actual, la apertura de una cuenta para ciertas categorías de personas, incluso para el acceso a la denominada cuenta de pago básica, puede resultar compleja.

Y tiene la impresión, y así se lo ha trasladado a la Autoridad Bancaria Europea, de que las entidades bancarias que actúan en España tienen una cierta tendencia a optar por la denegación a la mínima dificultad añadida, en lugar de gestionar ese riesgo de forma más particularizada.

PROBLEMAS DE ACCESO PARA LOS MAYORES

Al margen de los extranjeros, el Defensor de Pueblo recoge que también ha recibido quejas sobre problemas de accesos a los servicios bancarios de algunas entidades ya sea por el bloqueo de cuentas porque el titular no ha actualizado su documentación, la limitación para obtener dinero o realizar gestiones en las oficinas.

En este último caso, las quejas solían ser presentadas por personas de edad avanzada con escasos conocimientos y poca confianza en los sistemas de banca electrónica, añade el Informe.

AVALES DEL ICO Y MORATORIAS HIPOTECARIAS

El Defensor del Pueblo también ha recibido quejas que apuntaban a un "excesivo rigor e incluso a una falta de efectividad" de las líneas de avales del ICO, concebidas como un soporte financiero para el período más arduo de la pandemia.

Por esta razón abrió una actuación de oficio al respecto, aunque llegó a la conclusión, tras las respuestas recibidas, que el sistema adoptado ha resultado adecuado y la actuación del ICO ha facilitado una disponibilidad de dinero a precios "muy reducidos" y operaciones de mayor alcance que las que hubiera ofertado por sí sola la banca.

Aún así, seguirá pendiente de las quejas que pueda recibir sobre el mismo tema el Banco de España o las reservas que mostró la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, en diciembre de 2020, habló de posibles abusos con el cobro de comisiones o la venta de seguros.

En cuanto a las moratorias hipotecarias, el Defensor del Pueblo también recibió quejas, centradas principalmente en los problemas prácticos y en los requisitos para poder acogerse a estas medidas que libran a los beneficiarios del pago de buena parte del préstamo con el que se adquirió una vivienda habitual.

AUTORIDAD DE PROTECCIÓN DEL CLIENTE FINANCIERO

Desde 2014, recuerda el Informe, se está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de ley que desarrollase el sistema institucional de protección del cliente financiero, que implicara la creación de la entidad de resolución alternativa de conflictos.

Suspendidas las actuaciones en 2019, tras la toma de posesión del Gobierno, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre los avances en el anteproyecto de ley y la respuesta que recibió por parte de la secretaría de Estado de Asuntos Económicos es que tras la declaración del estado de alarma el "esfuerzo legislador" se había concentrado en la elaboración de numerosos decretos leyes.

No obstante, el compromiso es reactivar la iniciativa de creación de una Autoridad de Protección del Cliente Financiero y como el anteproyecto se encuentra en un estado muy avanzado, eso permitirá reactivarlo con rapidez.