Castilla y León ha abogado este lunes por que el Gobierno, a la hora de establecer criterios para el reparto de fondos de cara al presupuesto de 2021, tenga en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento de la población y la superficie, así como que los fondos europeos hagan también valer el peso del desafío demográfico.

Así lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera desarrollado de forma telemática y tras el cual se ha quejado de que en el mismo la ministra del ramo no haya concretado aún las cifras a repartir entre las distintas comunidades autónomas de cara al presupuesto de 2021.

"Esperamos a ver la documentación por escrito porque no se nos ha informado al detalle de las cifras que irían para cada comunidad autónoma, de ahí que es muy difícil establecer una valoración", ha criticado Carlos Fernández Carriedo, quien ha vuelto a insistir en que Castilla y León plantea como "cuestiones básicas" que a la hora del reparto se tengan en cuenta criterios como la dispersión territorial, en envejecimiento de la población y la dispersión territorial.

Sin embargo, el consejero económico ha advertido de que durante el encuentro a la ministra se le ha oído hablar más de distribuir en función del PIB, de la pérdida del mismo como consecuencia de la situación de pandemia, del número de parados y parados jóvenes, así como de cuestiones relacionadas con la población, y "lógicamente esos criterios perjudican a comunidades como Castilla y León que han perdido menos PIB que la media o que tienen menos nivel de paro y que, en cambio, tienen necesidades estructurales relacionadas con el desafío demográfico".

Por ello, el representante de la Junta ha aprovechado también el encuentro para insistir en la necesidad de que en el reparto de fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 650.000 millones de euros, contemplen una dotación "muy clara con criterios objetivos y transparentes" entre todas las CCAA.

Según defiende, tales criterios tendría que tener en cuenta los desafíos demográficos, "ya que se trata de fondos para cambios estructurales y el principal al que se enfrentan ésta y otras comunidades es precisamente ese, en lugar de otros que benefician a autonomías con grandes núcleos urbanos de población".