El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha desestimado la solicitud para la construcción de una planta de uranio en Retortillo (Salamanca) presentada por la empresa Berkeley, ante la escasa seguridad en las instalaciones y el almacenamiento de los residuos radiactivos, como recoge el informe técnico emitido por la entidad.

Según el Dictamen Técnico del CSN, tras el análisis de la documentación presentada por la empresa Berkeley Minera España (BME) el proyecto "presenta escasa fiabilidad y en las elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, de los que depende la verificación del comportamiento adecuado de diversos parámetros del proyecto".

Asimismo, el informe ha detectado deficiencias técnicas "principalmente" en relación al "almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad" que forman parte de la instalación, así como tampoco se detecta "la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras para envolver los residuos", y, consecuentemente, "tampoco la capacidad de minimizar las concentraciones de radionúclidos en las potenciales zonas de descarga".

Según el CSN, la elaboración del dictamen ha implicado a 11 áreas técnicas que a lo largo de la evaluación del proyecto han demandado a BME documentación e información adicional, así como numerosas reuniones con el organismo, la elaboración de "una gran cantidad de informes y notas de evaluación" para la evaluación completa de la petición de autorización de la que se habría constituido en la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa.

La decisión del Consejo, adoptada este lunes en Pleno, ha recibido cuatro votos a favor y uno en contra del consejero Javier Dies, quien ha informado que, de acuerdo al artículo 34 del Estatuto del CSN, emitirá un voto particular por escrito en el plazo de 48 horas.

El CSN remitirá ahora el Dictamen Técnico al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que deberá adoptar la última decisión, en un largo proceso que lleva diez años de tramitación desde su presentación, y que mantenía a los vecinos del Campo Charro a la espera desde la semana pasado cuando el organismo nuclear retrasó en dos ocasiones su decisión.

El proyecto para la construcción de la planta de fabricación de concentrados de uranio lleva fraguándose una década aproximadamente, cuando la empresa planteó su programa de actuaciones a los alcaldes de las localidades del Campo Charro e inició una tala de más de mil encinas centenarias, a pesar de no tener las autorizaciones necesarias para el proyecto.

Una acción unilateral por parte de BME que fue denunciada por varias organizaciones y llevada ante los tribunales ya que los vecinos se negaron siempre al derribo de los árboles y a la desaparición de unos ejemplares de los que no supieron qué se hizo con su madera, según explicaron a EFE.

En un principio, algunos regidores aceptaron las instalaciones al verlas como una oportunidad económica para los vecinos de una zona afectada por la despoblación, la supresión de los servicios públicos esenciales y que vive sobre todo de pastos para ganadería extensiva, según el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez.

Las reacciones de satisfacción ante la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear han sido múltiples y desde diferentes entidades.

Desde Unidas Podemos y Alianza Verde en el Congreso, el diputado Juantxo López de Uralde, ha señalado que la decisión "cierra la puerta de manera definitiva a la minería del uranio en nuestro país, tal y como ya se establece en la propia ley de cambio climático recientemente aprobada".

López de Uralde recuerda que desde UP ya habían expresado su preocupación por "los impactos ambientales, económicos y sociales de este proyecto para la comarca salmantina del Campo Charro y ha recordado que la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que preside llamó a comparecer al presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, para explicar las presiones recibidas por parte de la empresa Berkeley Minera España y filiales, desde la dirección de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León e inversores en bolsa.

Desde Stop Uranio, la plataforma de sociedad civil que se opuso desde sus inicios al proyecto, han señalado que el "castillo de papel construido por Berkeley" en torno a la posibilidad de extraer uranio en Retortillo ya estaba "muy tocado desde hace tiempo", sobre todo tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que "prohíbe la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos".

Por ello, desde la plataforma instan al Gobierno a denegar la autorización para la construcción de la planta.

El alcalde de Villavieja de Yeste, localidad a escasos kilómetros de Retortillo y que se podría haber visto afectada por las instalaciones radiactivas, también ha manifestado su "extraordinaria satisfacción" por el fallo y ha afirmado que "se abre hoy una puerta a la esperanza para estas tierras. Nos libraremos ya de esta lacra y está amenaza extraordinaria".

En igual sentido se han expresado las organizaciones Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace o el Movimiento Ibérico Antinuclear.

Por su parte, la empresa ha señalado en un comunicado que estudia las acciones legales a emprender tras el fallo del CSN y ha mostrado su "profunda decepción" por la decisión, lo que ha provocado que sea la empresa cuyas acciones más caían en la Bolsa española este mediodía con un 12,35 %.