La crisis sanitaria y las medidas adoptadas para amortiguar su impacto han provocado que el déficit acumulado por el Estado hasta mayo se dispare a 32.251 millones de euros, equivalentes al 2,88 % del PIB, lo que supone un incremento interanual del 107,3 %.

El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que este repunte se encuadra en un contexto extraordinario por la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, que se ha reflejado en un incremento de los programas de prestaciones sanitarias y farmacia, y en un aumento de las transferencias corrientes a Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

El déficit acumulado por las Administraciones Públicas entre enero y abril pasados, sin contar con las corporaciones locales, creció un 256,7 %, hasta 24.043 millones, equivalentes al 2,15 % del producto interior bruto (PIB).

Las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno han permitido a las comunidades autónomas registrar hasta abril un superávit del 0,02 % del PIB, frente al déficit del 0,22 % del PIB de un año antes, con trece comunidades con saldo positivo -salvo Andalucía, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana- frente a las cinco del ejercicio anterior.

La escalada del déficit del Estado hasta mayo se debe al descenso de los ingresos por la paralización de la actividad económica del 10,6 %, hasta 63.950 millones, y al aumento de los gastos del 10,8 %, hasta 95.017 millones, por las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la crisis.

Sin contar con el gasto en los intereses de la deuda, el déficit primario alcanzó los 22.986 millones en los cinco primeros meses del año, muy superior a los 5.208 millones del mismo periodo de 2019.

Los recursos procedentes de impuestos, que representan el 80,1 % del total, suponen 50.247 millones, descendieron el 14,2 %, con caídas en prácticamente todas las figuras tributarias.

La recaudación por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) cayó un 13,9 %, hasta 25.721 millones, mientras que la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) disminuyó un 31,5 %, hasta 7.580 millones.

También descendieron los impuestos sobre el capital un 28 % y las cotizaciones sociales un 2 %.

Por el lado de los gastos, los consumos intermedios crecieron un 31,1 % como consecuencia del gasto de 926 millones para prestaciones sanitarias y farmacia del Sistema Nacional de Salud relacionadas con el COVID-19, sin correspondencia en 2019.

Además, la remuneración de asalariados aumentó un 0,9 % debido, por una parte, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2 % para los empleados del sector público.

Las transferencias corrientes a otras administraciones crecieron un 14,6 %, hasta 54.958 millones, de los que el mayor importe ha correspondido a las comunidades autónomas, que hasta mayo han recibido transferencias por 37.088 millones, cifra que supone 5.967 millones más que el año anterior.

Hasta abril, las comunidades autónomas cifran en 2.238 millones el gasto en sanidad derivado del COVID-19, con Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha a la cabeza.

El Ministerio de Hacienda también ha publicado los primeros datos de ejecución de 2020 de las corporaciones locales correspondientes al primer trimestre del año, periodo en el que registraron un déficit de 493 millones, lo que equivale al 0,04 % del PIB, el doble que un año antes.

En la administración local los gastos crecieron un 5,5 % hasta marzo, frente a un incremento de los ingresos del 1,1 %.

De ese aumento del gasto, alrededor de 1.832 millones corresponderían al derivado del COVID-19. EFE

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