La comisión que ha investigado en el último año y medio la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro cree necesario revisar la legislación en materia de responsabilidad y sanciones que afecta a gestores de entidades financieras, personal de supervisores y el sector financiero en general.

Así, en sus conclusiones, detecta que "numerosos actores principales del sector no han respondido por los enormes costes generados por su acción u omisión", por lo que considera "conveniente" actuar sobre estos regímenes sancionadores.

Esta es una de las conclusiones incluidas en el informe aprobado este jueves, en el que apunta como una de las causas de la crisis "la forma de funcionamiento del modelo de negocio bancario implementado por cajas y bancos a lo largo de estas últimas décadas".

"Este modelo basaba su crecimiento en la expansión del negocio hipotecario e inmobiliario, tanto en volumen como copando amplios territorios", apostilla el informe de la comisión, que atribuye la ampliación constante del crédito hipotecario por parte de las entidades en el fin de "incrementar el negocio".

PIDE INFORMACIÓN "CLARA" SOBRE EL RIESGO

Como consecuencia de la crisis económica, el Congreso reconoce una "crisis de confianza" en el sector financiero, para la cual cree necesario "poner el acento en la información al consumidor". "Una información clara de forma que comprenda los riesgos que asume al contratar, pero teniendo en cuenta que un exceso de información también puede implicar desinformación", subraya.

Así, hace referencia a "evitar perjuicios económicos de imposible reparación, dada la triste historia reciente en productos financieros complejos de alto riesgo", y menciona a las criptomonedas dentro de los "novedosos productos financieros", para las que pide "una difusión adecuada de la información sobre los riesgos, los derechos y las garantías que los inversores españoles asumen".

"LOS SUPERVISORES ANTEPONEN PRIMAR ESTABILIDAD ANTE CONDUCTA"

En todo caso, el Congreso señala, aludiendo a "los informes sobre fraudes financieros" en que las reformas desarrolladas desde el estallido de la crisis "no redundan en una efectiva protección del cliente".

"Y es que los supervisores anteponen primar la estabilidad ante la conducta, por lo que los expertos recomiendan abordar un cambio en el modelo de protección al consumidor financiero para lograr una regulación equilibrada", argumenta el informe.

Como consejo a la banca española, el Congreso cree que "no solo necesita ser más sólida que antes, que ya lo es, sino que tendrá que ser más ágil y más transparente, para estar mejor preparada para responder de forma rápida, sencilla y eficiente a las demandas de los usuarios de banca".