SECTOR ELÉCTRICO

Congreso, menos PP y Foro Asturias, a favor de facilitar cierre de centrales

Madrid, 11 sep (EFE).- Todo el Congreso, a excepción del PP y de Foro Asturias, rechazará hoy tramitar una ley para dificultar el cierre de las centrales de generación eléctrica ampliando las causas por las que se podría denegar el cierre de estas instalaciones a sus propietarios, incluidas las centrales nucleares.,PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley presentada por el PP porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el mod

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 18:32

Todo el Congreso, a excepción del PP y de Foro Asturias, rechazará hoy tramitar una ley para dificultar el cierre de las centrales de generación eléctrica ampliando las causas por las que se podría denegar el cierre de estas instalaciones a sus propietarios, incluidas las centrales nucleares.

PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV han criticado la proposición de Ley presentada por el PP porque va en contra del marco regulatorio europeo y no aboga por un cambio en el modelo energético.

A falta de la votación, el Pleno del Congreso ha debatido esta iniciativa que proviene del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el Ministerio de Energía quiso elaborar un real decreto que dificultaba con nuevos criterios el cierre de centrales térmicas y también nucleares.

El debate se produce después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga la intención de cerrar las seis centrales nucleares activas en España a medida que cumplan 40 años del inicio de su explotación, así como en medio de un fuerte repunte del precio de la luz.

Precisamente el diputado del PP José Alberto Herrero ha argumentado que la iniciativa persigue impedir que el recibo de la luz suba ante la inseguridad actual en torno al cierre de las centrales de generación eléctrica por parte de las empresas.

Actualmente sólo puede denegarse la autorización si la clausura de una planta de generación eléctrica afecta a la seguridad del suministro y el anterior Ejecutivo quería impedir que la planificación energética dependiera de decisiones empresariales.

"Es una propuesta que pretende establecer condiciones óptimas para hacer llegar la energía a las casas, como bien de primera necesidad y de servicio público", ha dicho, al tiempo que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha apoyado la proposición para salvaguardar los puestos de trabajo que genera la minería y el carbón en su región.

Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios han reprochado al PP que en esta proposición no se mencione ni un plan de transición para las comarcas mineras ni para salvaguardar los puestos de trabajo.

La portavoz de Energía del PSOE, Pilar Lucio, ha dicho que la iniciativa es un "fiasco y un despropósito" ya que incide en valorar nuevos criterios provenientes de informes de varios organismos para poder autorizar el cierre, pero no aclara qué dictamen es más importante, si el de la CNMC o el de la Oficina de Cambio Climático, por ejemplo.

Ha reprochado que subyazga la intención de mantener abiertas las centrales nucleares y que además vaya en contra del nuevo marco regulatorio de la UE.

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha señalado que el PP "no piensa en un nuevo modelo energético ni en los ciudadanos" y ha criticado que se aborden "parches" cuando más del 70 % de la factura de la luz se vincula a "errores electoralistas".

Ha recordado que Ciudadanos aboga por un plan de transición energética y por invertir en las zonas que deben rehabilitarse así como en investigación y desarrollo para que la industria sea menos contaminante.

"El precio de la luz sube por las toneladas de CO2 que también van subiendo", ha dicho.

Desde el PNV la diputada Idoia Sagastizabal ha argumentado su voto en contra a que la competencia estatal no puede obviar las de otras administraciones territoriales para sustituirlas y ha aludido a la indefinición de los criterios que pide aplicar.

La proposición rechazada pedía modificar los artículos 53 y 64 de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y abogaba por denegar el cierre de una central si su clausura incidía negativamente en los precios, en la competencia en el mercado eléctrico, en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética.

También contemplaba que se pudieran establecer medidas para hacer posible que una central siguiera funcionando, entre ellas un procedimiento de concurrencia competitiva o subasta para transmitir la titularidad de la instalación a un nuevo propietario.

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