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El Pleno del Congreso tiene previsto votar la próxima semana la creación de una comisión de investigación, solicitada por Compromís y Unidos Podemos, para que se depuren responsabilidades en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

La diputada de Compromís Marta Sorlí ha dicho que su formación confía en que PP, PSOE y Ciudadanos "permitan que se depuren las responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades desde el inicio del proyecto Castor".

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso Ione Belarra ha asegurado que "el contrato se hizo específicamente para que lo ganara ACS".

Asimismo, ha subrayado que Unidos Podemos no renuncia a recuperar un dinero que tenía que haber sido para mejorar la vida de los ciudadanos y que, ha agregado, se ha destinado a rescatar e indemnizar a empresas como la que dirige Florentino Pérez.

Belarra espera que la próxima semana salga adelante la comisión de investigación, que se ha activado en la mesa y en la junta de portavoces de hoy.

"Es una buena noticia porque el Castor representa y es un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo de los contratos a dedo que nos ha dejado el PP y creo es una buena noticia que se vayan a dirimir", ha añadido Belarra tras la junta de portavoces.

"Siempre advertimos que Castor era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente", ha recalcado Sorlí.

Según la diputada de Compromís, los sucesivos gobiernos han dado prioridad a los intereses de las grandes empresas "frente a los de nuestros pueblos y comarcas".

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados en la zona.