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El Congreso debatirá abrir una comisión de investigación sobre almacén Castor

Madrid, 18 sep (EFE).- El Congreso tiene previsto pronunciarse la próxima semana sobre la apertura de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor con el objetivo de depurar posibles responsabilidades políticas que se deriven de este proyecto frente al litoral de Vinaroz (Castellón).,Según ha señalado la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, "el contrato se hizo específicamente para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez".,Asimismo, ha subrayado que desd

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:44

El Congreso tiene previsto pronunciarse la próxima semana sobre la apertura de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor con el objetivo de depurar posibles responsabilidades políticas que se deriven de este proyecto frente al litoral de Vinaroz (Castellón).

Según ha señalado la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, "el contrato se hizo específicamente para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez".

Asimismo, ha subrayado que desde Unidos Podemos no renuncian a recuperar un dinero que tenía que haber sido para mejorar la vida de los ciudadanos y que, ha agregado, se ha destinado a rescatar e indemnizar a empresas como la que dirige Florentino Pérez.

Belarra ha señalado que es una vergüenza y espera que la próxima semana salga adelante la comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor, que se ha activado en la mesa y junta de portavoces de hoy.

"Es una buena noticia porque el Castor representa y es un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo de los contratos a dedo que nos ha dejado el PP y creo es una buena noticia que se vayan a dirimir", ha añadido tras la junta de portavoces.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona.

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