(Actualiza con el resultado de las votaciones)

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves los decretos leyes que regulan el teletrabajo en el sector privado y en el público, así como el que prorroga las condiciones extraordinarias de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), acordados con patronal y sindicatos.

El decreto de teletrabajo en el sector público ha sido convalidado con 196 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, mientras que el que prorroga los ERTE lo ha sido con 345 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El decreto relativo al teletrabajo privado también ha sido convalidado pero se tramitará como proyecto de ley para recibir enmiendas, con 339 votos a favor, 7 en contra y 1 abstenciones.

Los decretos han sido defendidos por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por la de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que han apelado al diálogo y al acuerdo ante la crispación política actual.

"En este momento histórico del país en el que tanto nos jugamos, el diálogo no es un camino, es el único camino", ha dicho Díaz al tiempo que ha puesto como ejemplo los acuerdos a los que han sido capaces de llegar patronal y sindicatos partiendo de posiciones muy diferentes.

Darias ha coincidido al señalar que "este país necesita más que nunca un mínimo común de entendimiento" y ha agradecido la voluntad de entendimiento de todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y administraciones para consensuar el teletrabajo público.

Díaz ha valorado que la negociación impregne la norma del teletrabajo y que además de impulsar la economía verde y favorecer la repoblación de las zonas rurales garantice la voluntariedad y la desconexión digital.

Darias ha explicado que el teletrabajo público legitima también los derechos de 2,5 millones de empleados públicos y abre el camino a la administración del siglo XXI, al tiempo que ha puntualizado que la nueva normativa establece un periodo de 6 meses para que cada administración territorial pueda adaptarla.

La ministra de Trabajo también ha reiterado la importancia de los ERTE y ha señalado que la "idea es continuar brindando a nuestro tejido productivo la protección que precisa en el momento actual".

"La inversión pública en el mecanismo de ERTE es, en sí misma, un compromiso firme de permanencia, un esfuerzo colectivo, una tarea de todas y de todos, que no vamos a dejar caer", ha reiterado.

Todos los partidos políticos han defendido la regulación del teletrabajo pero la mayoría ha coincidido en que la norma requiere modificaciones y mientras PP y VOX ha criticado que no se proteja suficientemente a las pymes; BNG, EH Bildu o ERC han criticado que no haya concreción cuando se vulneren derechos de los trabajadores o bien que sea la negociación colectiva la que pacte algunos de los costes.

El PP se ha mostrado a favor de la norma del teletrabajo privado pero en contra del de las administraciones mientras que ha apoyado el decreto de los ERTE.

VOX, por su parte, ha criticado los relativos al teletrabajo pero ha apoyado el de los ERTE.

Ciudadanos ha indicado su voto favorable al del trabajo a distancia pero su abstención en el de la Administración por incorporar medidas que permiten "la movilización forzosa del personal sanitario", al tiempo que el decreto de los ERTE sí lo ha apoyado.

PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, JxCAT y Compromís votan a favor de los tres decretos mientras BNG se abstiene.

En el decreto del trabajo a distancia la empresa debe firmar un acuerdo con el empleado que vaya a teletrabajar más del 30 % de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y debe pagar los gastos en los que pueda incurrir el empleado.

También la Administración debe poner a disposición todos los medios que garanticen el teletrabajo de los empleados públicos.

Las empresas deberán recoger la ley en un convenio o acuerdo colectivo en un plazo de un año o en un máximo de tres y la normativa no se aplicará al trabajo a distancia con motivo de la covid-19.

La falta de adaptación al teletrabajo no podrá usarse como causa de despido objetivo.

En cuanto al decreto que extiende los ERTE de fuerza mayor a los sectores más perjudicados, establece dos nuevos tipos de ERTE derivados de los de rebrote y que son el de impedimento, y el de limitación, con esquemas de exoneración de cotizaciones diferentes.

Los nuevos ERTE mantienen la prestación del trabajador en el 70 % de la base reguladora y no consumirá meses de paro en caso de despido en 2021.

Por su parte, la empresa no podrá despedir a trabajadores durante los siguientes seis meses que se acojan al ERTE y tampoco podrán externalizar la actividad, ni subcontratar o llevar a cabo nuevas contrataciones. También se mantienen los límites fijados sobre el reparto de dividendos y la prohibición de radicarse en paraísos fiscales.

Asimismo el Congreso ha apoyado hoy la prórroga de la prestación por cese de actividad de los autónomos hasta el 31 de enero y el programa MeCuida, que permite adaptar o reducir jornada para el cuidado de menores o dependientes.