EMPRESAS COMPETENCIA

La CNMC vuelve a abrir expediente sancionador a empresas de servicios urbanos

Madrid, 3 may (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a incoar expediente sancionador a 51 empresas y entidades dedicadas a la gestión de residuos y al saneamiento urbano por posibles prácticas restrictivas de la competencia, ha informado hoy el organismo regulador.,En enero de 2015, el Consejo de la CNMC impuso una multa de 98 millones de euros a 39 empresas y organizaciones del sector por una infracción única y continuada del artículo 1 de la ley de Defen

Agencia EFE

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a incoar expediente sancionador a 51 empresas y entidades dedicadas a la gestión de residuos y al saneamiento urbano por posibles prácticas restrictivas de la competencia, ha informado hoy el organismo regulador.

En enero de 2015, el Consejo de la CNMC impuso una multa de 98 millones de euros a 39 empresas y organizaciones del sector por una infracción única y continuada del artículo 1 de la ley de Defensa de la Competencia, pero la Audiencia Nacional anuló la resolución al estimar, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, los recursos presentados por las entidades sancionadas.

Entre las 51 empresas y entidades investigadas ahora figuran FCC, Cespa (Ferrovial), Valoriza (Sacyr), Urbaser y la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente (Aselip).

Según la CNMC, en este nuevo expediente se investigará de forma individualizada cada una de las posibles infracciones para atender así el criterio de la Audiencia Nacional.

El regulador recuerda que, en sus sentencias, la Audiencia Nacional no puso en duda si la conducta de las empresas y organizaciones era reprochable desde el punto de vista de la competencia sino si tenía encaje o no en una infracción única y continuada.

La CNMC ha decidido volver a abrir expediente al entender que la instrucción del anterior interrumpió el plazo de prescripción de las posibles infracciones.

El organismo regulador investigará supuestos acuerdos para repartirse los clientes y las actividades, y eventuales recomendaciones colectivas.

A partir de ahora se abre un periodo máximo de dieciocho meses para la instrucción del expediente y su resolución.

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